Carolina Ramos
En medio de la investigación por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, postergó lo máximo posible su primer informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde se presentará recién el 29 de abril. Pero la oposición no cede y lo espera con un caudal de preguntas incómodas sobre su patrimonio y viajes, al compás de los avances que muestre la causa judicial.
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Adorni ganó tiempo y espera que para el debut en el recinto no se complique su frente judicial, que está en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. El funcionario, que viene coleccionando fotos y posteos de apoyo bajo la protección de Karina Milei, intentará darle a su presentación un marco reivindicatorio que será coronado con la presencia del propio presidente Javier Milei en el recinto.
A su vez, recibió sobre el final de la semana una bocanada de aire fresco: el fallo a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF le permitió al Gobierno volver a mostrar fortaleza, revivir la polarización con el kirchnerismo y recuperar terreno tras las sucesivas revelaciones sobre el caso $LIBRA, las propiedades del jefe de Gabinete y su viaje a Punta del Este en un jet privado.
No obstante, la sesión informativa representa una oportunidad dorada para una oposición que, al día de hoy, no tiene los votos para aprobar ninguno de los pedidos de interpelación e informes que se presentaron. Hasta ahora hay dos proyectos (uno del socialista santafesino Esteban Paulón y otro de Unión por la Patria) y el lunes se sumará un tercero del radical bonaerense Pablo Juliano.
En diálogo con La Voz en Vivo, Juliano dijo que “hay tres huecos sin responder”. Por un lado, las propiedades de Adorni: un departamento en Caballito registrado a medias con su esposa y una casa en un country de Exaltación de la Cruz que, según la denuncia, no fue declarada. Por otro lado, el vuelo privado a Punta del Este, que “se produjo en febrero pero la factura apareció casi un mes después”.
En tercer lugar, mencionó Juliano, “si Marcelo Grandio (periodista y amigo de Adorni) tiene una contratación con la TV Pública (a cargo del jefe de Gabinete) y es quien le da los pasajes o se los revende, se produce una situación de dádivas”. La Justicia ya dispuso un allanamiento en busca de esos contratos.
Sobre el caso $LIBRA, diputados que integraron la comisión investigadora también sumaron un pedido de informes, uno de acceso a la información pública y otro de interpelación dirigidos a Adorni y a los hermanos Milei, pero tampoco tienen los votos para aprobarlos porque la oposición ya no domina el recinto como en 2024.
Recostado sobre sus números, el oficialismo intenta minimizar las críticas. “Adorni ya dijo que se equivocó. Que investigue la Justicia. Si no, le damos trascendencia a algo que después termina en nada”, dijo una fuente libertaria. La apuesta, al igual que con $LIBRA, parece ser el silencio: el funcionario se escuda en la existencia de la causa judicial para evitar declaraciones.
Agenda a paso lento
Del paquete de proyectos que anunció Adorni en un intento de apagar la polémica y recuperar agenda, solo ingresó uno al Congreso: el de “inviolabilidad de la propiedad privada”, que modifica las leyes de Expropiaciones, de Tierras y del Manejo de Fuego, entre otras. La iniciativa entró por el Senado el último viernes y fue consensuada en el Consejo de Mayo.
Además, ingresó a Diputados la denominada “Ley Hojarasca”, una vieja ambición del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para derogar más de 70 leyes que quedaron “obsoletas” y simplificar el sistema legal. El proyecto ya había sido enviado hace dos años, pero generó poco entusiasmo: nunca se trató y perdió estado parlamentario. Ahora el Gobierno insiste.
Lo cierto es que se demora el debate de los temas más pesados. El nuevo Código Penal, que había sido trabajado durante la gestión del ministro Mariano Cúneo Libarona, entró en una etapa de revisión a cargo de su sucesor, Juan Bautista Mahiques, quien anunció que mientras tanto se promoverán reformas parciales, siempre bajo el espíritu del endurecimiento de las penas.
La oposición más dura se prepara para dar esa discusión y ya avisa, con ironía: “Estamos de acuerdo en incorporar como delito la criptoestafa”. No será un debate fácil para el Gobierno.
Lo cierto es que el único proyecto que avanzó desde que comenzó el período ordinario, a través de las audiencias públicas, fue la reforma a la Ley de Glaciares. Pero, en rigor, la idea original no fue del Gobierno, sino de un grupo de gobernadores cordilleranos que la pusieron como condición para acompañar el Presupuesto.
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La Libertad Avanza quiere que los mandatarios “vengan a poner la cara” y por eso citará a “todos” a un plenario informativo antes de dictaminar. Por lo tanto, la votación en el recinto de Diputados sería recién a mediados de abril.
En paralelo, el Senado tiene listos para tratar en el recinto una serie de ascensos militares y la designación de la exsenadora neuquina Lucila Crexell como embajadora en Canadá, mientras aguarda el envío de 62 pliegos de jueces, fiscales, defensores y conjueces anunciado por Mahiques.