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| jueves, 11 de junio de 2026
A más de un año del tuit presidencial que derivó en una estafa, la causa $LIBRA volvió al primer plano. Tras nuevas relevaciones que sugieren una maniobra coordinada entre Javier Milei, su hermana Karina y los empresarios cripto, diputados de la oposición anunciaron que pedirán apartar al fiscal Eduardo Taiano de la investigación. En el Gobierno advierten que el proceso está “viciado de nulidad” e intentan minimizar el caso.
Los diputados opositores que integraron la comisión investigadora, al mando de Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), anunciaron una batería de medidas luego de que trascendiera un febril intercambio de llamados y mensajes entre el empresario Mauricio Novelli, los hermanos Milei y el asesor Santiago Caputo, en los minutos previos y posteriores al lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025.
El registro, que surgió del peritaje judicial al celular de Novelli, está en manos de Taiano desde hace meses, pero recién en los últimos días salió a la luz. Además, se desconoce qué fue lo que hablaron. Por eso, otra de las medidas de la oposición será requerir por escrito al Poder Ejecutivo que todos los funcionarios involucrados detallen el contenido de las conversaciones.
El fiscal Taiano quedó en el ojo del huracán. La oposición pedirá apartarlo de la causa por “posible encubrimiento de los hechos denunciados”, ya que aún no citó a ninguna declaración indagatoria (ni siquiera testimonial) pese a la “catarata” de pruebas. Además, lo denunciarán ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por haber “entorpecido” la investigación del Congreso al rechazar la comparecencia de testigos por la fuerza pública.
Los legisladores también irán por la interpelación de Karina Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el recinto de la Cámara baja, aunque no desconocen que será difícil reunir los votos. La posibilidad de iniciar un juicio político contra el presidente (donde se requieren dos tercios para formular la acusación) directamente no está sobre la mesa.
Al anunciar las medidas en conferencia de prensa, la oposición insistió en que Milei fue “partícipe necesario” del hecho. “Lo que aparece en estas pruebas es una trama de coordinación directa entre los operadores del mundo cripto y el entorno más cercano del presidente. Nada los libra. Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación necesaria y premeditada del presidente”, sentenció Ferraro.
Para los diputados, las conclusiones de la investigación parlamentaria fueron contundentes: “alguien le suministró a Milei el número de contrato del token”; “no había ningún mecanismo legal para asistir a las pymes”; el presidente y su entorno “conocían los detalles perfectamente” y por lo tanto el tuit del presidente “no fue un posteo al azar” sino “un vector central de la promoción del negocio”. Así lo enumeró el exdiputado y legislador cordobés Oscar Agost Carreño, uno de los protagonistas de la comisión.
Por eso, hubo un llamado de atención a los aliados del oficialismo que en su momento ayudaron a obstruir la investigación. “Depende de los 93 diputados que no votaron esta comisión completar esta historia”, desafió Mónica Frade (Coalición Cívica). “Somos plenamente conscientes de que no contamos con la mitad más uno. Pero la gravedad de lo que se revela día a día puede modificar esa situación”, alentó Juan Marino (Unión por la Patria).
En el Gobierno, la preocupación por las últimas relevaciones es palpable. La línea argumental de la Casa Rosada es desacreditar y desprestigiar las pruebas que hasta el momento arroja la investigación, y que comprometen seriamente al presidente como responsable de una presunta estafa millonaria.
“Es todo sin fundamentos. Está ultra viciado de nulidad. No se protegió el cuidado de la prueba. Es todo inválido”, sentenció un importante funcionario, que consideró que el proceso debiera haberse cerrado porque “no hay delito” pero se sostiene en el tiempo porque el tema es “mediático y político”.
El reciente hallazgo de las conversaciones telefónicas refuerza la hipótesis de un vínculo previo, cercano y directo con los responsables del token, Novelli y el empresario Hayden Davis, quienes se habían reunido con el presidente en Casa Rosada. La existencia de estas conversaciones telefónicas va a contramano de la versión oficial, según la cual Milei simplemente se interesó por el proyecto (que tenía el supuesto fin de financiar a pymes argentinas) y lo difundió.
Esta explicación choca con otro descubrimiento de la comisión investigadora: el código alfanumérico (el contrato) publicado por Milei para adquirir el criptoactivo no era de acceso público hasta el momento del tuit, a pesar de que el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo lo contrario cuando fue interpelado en el recinto. Por lo tanto, la sospecha es que se trató de una maniobra coordinada.
En ese sentido, se comprobó que segundos antes del tuit de Milei hubo 87 transacciones de 74 billeteras diferentes que compraron el token por un total de 13,5 millones de dólares. Lo que en la jerga se denomina “insiders”, es decir, jugadores con información privilegiada que adquirieron la criptomoneda cuando todavía no tenía ningún valor, para después venderla a un valor mucho más alto.
Con esos y otros elementos sobre la mesa, la oposición arribó a un informe final en noviembre pasado, donde concluyó que los hechos configuran una presunta estafa millonaria que contó con la “colaboración imprescindible” de Milei. Hubo 114.410 billeteras afectadas, de las cuales 3.144 perdieron entre U$S 10.000 y U$S 100.000, y solo 36 ganaron más de U$S 1 millón cada una.
Así consta en el documento que firmaron 14 diputados nacionales de Unión por la Patria, Democracia para Siempre (radicalismo disidente), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, después de tres meses de trabajo en los que La Libertad Avanza y sus socios del PRO y la UCR interpusieran todo tipo de trabas para la investigación.
Carolina Ramos