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| viernes, 05 de junio de 2026
La Cámara de Diputados de la Nación avanzó con las audiencias públicas para la discusión del proyecto de modificación de la Ley de Glaciares -que otorga a las provincias la potestad de permitir la actividad minera en las zonas periglaciales, una posibilidad rechazada por los ambientalistas-, tras la luz verde obtenida en el Senado en febrero.
Más de cien mil personas -entre expertos, ambientalistas, legisladores de provincias y ciudadanos en general- se habían anotado para expresar en estas audiencias su posición respecto a la reforma impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).
Entre los inscriptos estuvo la diputada Natalia Morales, del bloque del PTS FITU en la Legislatura de Jujuy, quien denunció que “más de 105.000 personas se inscribieron en todo el país para participar en las audiencias públicas, pero menos del 0,4% pudo hablar. En Jujuy, 709 personas se anotaron, pero fuimos menos de cinco los que tuvimos voz sin que haya consulta a las comunidades”.
En ese contexto, el bloque de diputados del PTS FITU presentó un proyecto de declaración para que la Legislatura "inste a la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a garantizar la participación real ciudadana y la Consulta Previa a los Pueblos Originarios".
“En Jujuy quedaron sin voz 709 personas inscriptas en la audiencia pública y nuevamente se pisotean derechos de las comunidades”, afirman en los fundamentos los firmantes de la iniciativa.
En su intervención vía online la diputada Morales cuestionó la legitimidad del proceso y denunció la exclusión de la mayoría de las voces inscriptas para participar: “¿Qué van a hacer con la mayoría que rechazamos la reforma? Más de 100 mil fueron silenciados. Lo que está sucediendo es escandaloso y lo está viendo todo el país”, dijo hablándole al oficialismo.
"¿Van a continuar con el tratamiento de esta ley de modificación cuando la inmensa mayoría está en contra?", interpeló. "¿De qué se van a disfrazar?, ¿o van a fingir demencia frente a todas las denuncias realizadas aquí sin tomar nada de lo que plantea el Acuerdo de Escazú?", agregó la diputada del PTS FITU.
"Les interesa tres pepinos. Porque ya lo tienen arreglado", aseveró.
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares aprobado por la Cámara Alta en febrero otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se puede llevar adelante actividades mineras, entre otras cuestiones.
"La lucha en defensa de la Ley de Glaciares es sólo un capítulo cuyo final está por verse. Lo vamos a dirimir en las calles, es el único lenguaje que entienden", avisó Morales.
Sostuvo a la vez que es "una lucha que no tiene fronteras, como el agua. Una lucha internacionalista con nuestros hermanos de Chile, de Bolivia, de toda Latinoamérica. Sabemos que enfrentamos a un mismo enemigo, el imperialismo que nos quiere más esclavos y zona de sacrificio", protestó la diputada izquierdista.
Después de escuchar a su camarada, el diputado Alejandro Vilca aportó por su lado la afirmación de que “la reforma, impulsada por el Gobierno y gobernadores, busca abrir la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciares, con consecuencias irreversibles para el agua dulce".
El Senado aprobó el pasado 26 de febrero el proyecto que modifica la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, y giró la iniciativa a la Cámara de Diputados para su debate.
La actual legislación -una norma pionera en Latinoamérica- fue aprobada en 2010 y establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
"La farsa de las audiencias no oculta el rechazo social", advirtió el diputado Vilca, para finalmente acusar al Gobierno nacional de avanzar "en una política de entrega de bienes comunes, precarización laboral y subordinación a intereses mineros y extractivistas”, declamó.
Eduardo Sánchez