Ramiro Pérez
Doce activistas fueron detenidos en el Congreso de la Nación mientras realizaban una protesta contra la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el oficialismo. La manifestación tuvo lugar en la escalinata del Palacio Legislativo, donde los militantes, identificados con la organización Greenpeace, saltaron la reja e instalaron una intervención simbólica en rechazo al proyecto que se debate en el Senado.
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Según fuentes oficiales, agentes de la Policía Federal intervinieron para desalojar el lugar y arrestaron a los manifestantes. En el operativo también fue detenido un camarógrafo que cubría la protesta y que sufrió heridas durante el procedimiento.
Qué cambia en la reforma de la Ley de Glaciares
La normativa vigente fue sancionada en 2010 y establece la prohibición de actividades extractivas en glaciares y en el ambiente periglacial, al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, el proyecto de reforma introduce modificaciones que podrían flexibilizar esas restricciones.
De acuerdo al dictamen actualizado al que accedió TN, los cambios más relevantes se incorporaron en los artículos 6 y 7. Allí se agrega la prohibición de actividades que impliquen daño ambiental en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675 y se exige que las evaluaciones ambientales cumplan con la Ley 25.688, que regula la gestión ambiental del agua y establece controles sobre la calidad y cantidad del recurso hídrico.
El Gobierno busca priorizar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta. El objetivo es atraer inversiones y habilitar proyectos internacionales, permitiendo la explotación de recursos en áreas glaciales siempre que no sean consideradas “hídricamente relevantes”.
Uno de los puntos más discutidos es que, si se aprueba la reforma, la determinación de la relevancia hídrica quedaría en manos de las provincias, que tendrían mayor poder para analizar estudios de impacto ambiental y autorizar emprendimientos.
Las críticas de Greenpeace y el debate ambiental
Desde Greenpeace Argentina rechazaron con firmeza la iniciativa. A principios de mes, la organización desplegó un cartel de 50 metros con la consigna: “El agua es un derecho, no se negocia”.
Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de la entidad, advirtió que la protección de los glaciares “impacta directamente en la seguridad hídrica de más de 7 millones de argentinos”. Según sostuvo, reducir los estándares actuales podría comprometer el acceso al agua y vulnerar compromisos asumidos por el país frente a la crisis climática.
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El debate en el Senado promete ser intenso y pone en el centro de la escena la tensión entre desarrollo productivo, federalismo y protección ambiental. La votación podría definir un cambio estructural en la política de gestión de los recursos naturales en Argentina.
