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| viernes, 05 de junio de 2026
El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental y reabrió un debate que lleva años generando posiciones enfrentadas en la Argentina.
La iniciativa propone cambios en los criterios de internación, el rol de los hospitales psiquiátricos y las condiciones para intervenir ante pacientes considerados en situación de riesgo.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es agilizar tratamientos y evitar situaciones extremas vinculadas a crisis de salud mental. Del otro lado, organizaciones de derechos humanos, especialistas y sectores de la salud advierten que algunas modificaciones podrían significar un retroceso respecto del enfoque comunitario que estableció la ley aprobada en 2010.
Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con las internaciones involuntarias. Actualmente, la ley establece que solo pueden realizarse cuando existe un “riesgo cierto e inminente” para la persona o terceros. La reforma busca reemplazar esa definición por un criterio más amplio: “riesgo grave para la vida o la integridad física”.
Además, la iniciativa habilita a considerar antecedentes y posibles escenarios futuros para justificar una internación. Según el Ministerio de Salud, esto permitiría intervenir más rápido en situaciones críticas y evitar desenlaces trágicos.
Otro cambio importante tiene que ver con quién puede ordenar una internación. La normativa vigente exige la participación de dos profesionales de distintas disciplinas. El nuevo proyecto plantea que pueda definirlo un médico psiquiatra y, en casos excepcionales, incluso un solo profesional con revisión posterior.
También se propone ampliar de 10 a 24 horas el plazo para informar las internaciones involuntarias a la Justicia.
La reforma impulsada por el Gobierno elimina además la prohibición de crear nuevos hospitales monovalentes, conocidos popularmente como neuropsiquiátricos o manicomios.
La ley actual prioriza la atención en hospitales generales y promueve un modelo comunitario de salud mental. Desde el Ejecutivo aseguran que el sistema hoy enfrenta una falta de camas y recursos, y que los hospitales especializados siguen siendo necesarios para atender determinadas situaciones complejas.
Sin embargo, organismos y especialistas cuestionan con fuerza este punto. Señalan que organismos internacionales vienen recomendando cerrar progresivamente los manicomios por los antecedentes de abandono, aislamiento y vulneración de derechos que históricamente existieron en esas instituciones.
El debate excede lo técnico y toca temas sensibles como derechos individuales, seguridad y acceso a tratamientos. Sectores que acompañan la reforma sostienen que la ley vigente dificulta intervenir a tiempo cuando una persona atraviesa una crisis severa.
Familiares de pacientes con consumos problemáticos o trastornos psiquiátricos también respaldaron algunos cambios. En distintas entrevistas públicas relataron dificultades para conseguir internaciones rápidas aun frente a situaciones consideradas peligrosas.
Por otro lado, organizaciones vinculadas a la salud mental advierten que flexibilizar las internaciones involuntarias podría derivar en abusos y en un regreso a modelos centrados en el encierro.
El proyecto recién comenzó su recorrido legislativo y todavía debe atravesar el debate en comisiones del Senado. Mientras tanto, la discusión vuelve a poner en el centro una pregunta compleja: cómo equilibrar atención, derechos y prevención dentro del sistema de salud mental argentino.
El debate rápidamente se ha hecho eco en la web. Así lo da cuenta Google Trends, la plataforma de Google que rastrea tendencias de búsqueda, según la cual las pesquisas respecto a este tema han aumentado en los últimos días.
Redacción Vía País