Carolina Ramos
La prevención de la ludopatía vuelve a colarse en la agenda parlamentaria. Tras haber rechazado y cajoneado un proyecto que se aprobó en 2024 en la Cámara de Diputados, el gobierno de Javier Milei envió una nueva propuesta al Congreso con una concesión al sector empresario: no se mete de lleno con la publicidad de las apuestas online, que fue eje de un lobby furioso por parte de las operadoras en el último debate.
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El proyecto forma parte de la estrategia de la Casa Rosada para correr el eje de las internas del oficialismo e inundar el Congreso con temas polémicos. Ingresó por el Senado y se presenta como un “marco normativo integral” destinado a tratar los consumos problemáticos vinculados a juegos de azar y apuestas (ya sean online o presenciales), y a combatir la explotación y difusión de las plataformas de juego no autorizadas.
Sin embargo, el proyecto es mucho más flexible que el que está frenado en el Senado hace dos años. A diferencia de ese texto, que fue fruto de un consenso opositor transversal, el Gobierno permite la publicidad de las plataformas de apuestas: sólo la prohíbe explícitamente a aquellas empresas que no estén autorizadas para operar, como si la adicción que provocan no fuese la misma.
En cambio, la media sanción prohibía la publicidad sin excepciones y en todos los medios de comunicación, estadios deportivos, espectáculos artísticos, medios de transporte y otros ámbitos. El impedimento incluso alcanzaba a los “influencers”, que en los últimos años fueron la veta que encontraron las empresas para captar al público joven.
“Lo único que hacen es proteger el negocio del juego en línea. Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas. Solo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado”, advirtió el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
El legislador, que fue uno de los referentes del tema en Diputados, marcó como una contradicción el hecho de prohibir la publicidad en algunos casos y no en otros, cuando la adicción que produce el juego es la misma. “¿Adictos al juego legal? Ni un drama, que te bombardeen con publicidad, promociones y apuestas online las 24 horas”, ironizó.
Las únicas restricciones que establece la iniciativa oficial para la publicidad de empresas autorizadas es que los avisos “no podrán ser dirigidos ni protagonizados por menores de edad”; y que no podrán vincular las apuestas con el “éxito personal, laboral o social” o la “aceptación social”, ni transmitir la idea de que las ganancias conllevarán “soluciones financieras”, ni promover el consumo de alcohol o tabaco durante el juego.
Además, se indica que las agencias publicitarias deberán constatar que la empresa para la que trabajan esté registrada para operar, y, caso contrario, deberán cesar la publicidad “de manera inmediata”.
Otros puntos
El proyecto del Ejecutivo propicia campañas de educación y sensibilización sobre los efectos adversos del juego patológico; y la elaboración de estadísticas e información epidemiológica para el monitoreo de las políticas de prevención, asistencia y rehabilitación, y para establecer la magnitud y características de la problemática, identificando grupos vulnerables.
Por otra parte, fija penas de tres a seis años de prisión para las personas que operen plataformas de juegos de azar ilegales; y de dos a cuatro años de prisión para el que “con conocimiento de la falta de autorización (…) y con la finalidad de facilitar la explotación ilegal de juegos de azar en línea, preste servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para su funcionamiento”.
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En noviembre de 2024, tras un debate plagado de denuncias de lobby, Diputados aprobó un estricto proyecto de regulación del juego con 139 votos afirmativos de distintos bloques de la oposición (Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros), 36 negativos de la Libertad Avanza y 59 abstenciones del PRO, la UCR y el MID.
El Senado lo trató en comisiones en septiembre de 2025, pero nunca avanzó con un dictamen a pesar de que en aquel momento el peronismo tenía una mayoría más consolidada. Ahora, en lugar de intentar modificar esa media sanción, el Ejecutivo optó por enviar un nuevo proyecto. El debate promete nuevas divisorias de aguas.