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| viernes, 05 de junio de 2026
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, rompió el silencio tras el impacto político generado por el femicidio de Agostina Vega. En este sentido, el funcionario reconoció que el sistema de controles internos falló y se posicionó como el "máximo responsable" de la situación.
El caso escaló institucionalmente al confirmarse que el principal imputado, Claudio Barrelier, era empleado municipal desde 2021. “Hay que admitir que el sistema de controles falló y que la municipalidad falló”, sentenció.
Ante la gravedad del hecho, Passerini informó que solicitó la renuncia de diversos funcionarios para deslindar responsabilidades y reestructurar el área afectada.
El vínculo entre el sospechoso y el poder político local aceleró decisiones de fondo. Claudio Barrelier había ingresado a la Municipalidad apadrinado por el dirigente peronista Ricardo Moreno. Tras conocerse esta conexión, Passerini ordenó que Moreno fuera removido de su cargo en el Concejo Deliberante.
El lugar de Moreno será ocupado por Raúl La Cava, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social y fue convocado por el intendente para retomar su banca en el cuerpo legislativo. Según explicó Passerini, la decisión fue comunicada a través del presidente de bloque, Martín Simonian, el pasado domingo.
El escándalo reveló una vulnerabilidad en el estatuto municipal: los empleados de planta solo deben presentar certificados de antecedentes cada cuatro años. A raíz de esto, Passerini recibió más de 200 denuncias sobre trabajadores con antecedentes penales.
Como respuesta, el Ejecutivo municipal presentó un proyecto de ordenanza que endurece los controles:
"Ningún empleado condenado, o en una situación que no puede explicar, puede seguir siendo empleado de la ciudad", subrayó el intendente.
Redacción Vía Córdoba