En la mañana del jueves, se dio a que el Superior Tribunal de Justicia resolvió que "las capacitaciones que dispongan la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Oficina de Género del Poder Judicial, en perspectiva de género y derechos humanos, serán obligatorias para quienes resulten destinatarios".
Según infirmó Río Negro, el cuerpo tuvo especialmente en cuenta la sanción de la Ley Nacional N° 27.499, denominada "Ley Micaela", que estableció "la obligatoriedad de capacitar y capacitarse en materia de perspectiva y violencia de género a quienes forman parte de alguno de los tres poderes del Estado.
El amparo y apoyo por parte de la Oficina de Género ayudó en la causa. Además, de que el organismo deberá elaborar sistemas de evaluación que permita medir el impacto de las capacitaciones previstas.
Por su parte, desde el Superior Tribunal confirmaron que "es objetivo de este Superior Tribunal profundizar las políticas de formación y capacitación de todo el personal del Poder Judicial de la Provincia".