La mayor parte de los 6.000 minerales y 12.000 fósiles que constituyen el patrimonio del museo paleontológico privado "Rosendo Pascual" de Bariloche, que mantiene un conflicto con el municipio que le reclama inscribirse oficialmente como actividad comercial, serán exhibidos en una muestra itinerante en las ciudades de Málaga y Murcia a partir de junio, informaron las autoridades de la institución.
El fundador del museo Rodolfo Corsini decidió cerrar las puertas del lugar el 1 de marzo, tras recibir una intimación del Tribunal de Faltas de Bariloche, que siguió a las exigencias de las autoridades locales para que enmarque su actividad en el rubro comercial por considerar que en el lugar se cobra una entrada para ingresar.
"Me niego a iniciar el trámite comercial simplemente porque ellos lo indican, aún sabiendo que este es un centro cultural y que aquí paga el que puede y que está claro que el museo no comercia con su patrimonio", se justificó ante Télam Corsolini la semana pasada.
Su hijo, el biólogo Julián Corsolni, informó a esta agencia que tienen una propuesta concreta de parte de dos importantes instituciones de España para iniciar una muestra itinerante durante dos años con la posibilidad de sumar uno más, para lo cual deberán obtener los permisos de salida temporaria de los fósiles y minerales.
Para encaminar esas autorizaciones, los directivos del museo se reunirán en Bariloche con funcionarios del área de Museos de Río Negro. "La muestra arrancaría en junio, pero antes tenemos que resolver los permisos que espero puedan salir pronto. Ya que nos vemos obligados a cerrar aquí, es una oportunidad poder mostrar la Patagonia en Europa", explicó Julián.
El biólogo señaló que "el Museo no es un comercio" y que el planteo de la municipalidad de Bariloche "refleja la falta de interés que hay aquí por la cultura".
"Nosotros buscamos los fósiles, pusimos nuestro dinero, nuestro trabajo, el lugar y ahora nos exigen una habilitación que no tiene nada que ver con el museo", insistió.
Por su parte, fuentes municipales aseguraron que el pedido para enmarcar la actividad como comercial "es una reglamentación insoslayable" que "no pone en tela de juicio la calidad del patrimonio".
"Un aspecto es el comercial pero otro el de la seguridad, ¿Y si pasa algo en el lugar? ¿Quién responde de un accidente en una propiedad a la que acude gente y paga su entrada? Deben cumplir con todos los protocolos", explicó la fuente del gobierno local.