Viviana Montenegro
La titular de la cartera laboral, Karina Fernández, participó de la 124° Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, donde las y los integrantes, reafirmaron el compromiso de fortalecer las administraciones laborales y buscar la eficacia en la actividad gubernamental y los actores sociales en cada jurisdicción y competencia.
El evento se desarrolló en la ciudad de Paraná, Entre Ríos y fue presidido por la Ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Olmos. Contó con la participación del secretario de Trabajo, Marcelo Belotti; de Empleo, Leonardo Di Pietro; de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; representantes de las carteras laborales de todo el país; de entidades sindicales; de cámaras empresarias; y autoridades de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación.
Durante la plenaria, se discutieron asuntos de vital importancia para el mundo laboral, resaltando el compromiso de las 12 comisiones del Consejo Federal del Trabajo en el análisis y estudio de problemáticas laborales en sus respectivas jurisdicciones.
Se debatieron sobre temas regionales relevantes, tales como la recuperación productiva; la lucha contra el trabajo no registrado; negociaciones colectivas y actualizaciones laborales; como la reciente eliminación del impuesto a las Ganancias.
Durante la segunda jornada, se presentaron las Políticas de Fortalecimiento del Empleo Público 2020-2023 y se compartió el Informe de las Comisiones Técnicas, abordando la variedad de temas de relevancia laboral analizados en esta oportunidad.
La Ministra Karina Fernández, destacó las conclusiones de las comisiones técnicas, donde se discutieron aspectos cruciales como empleo, salud y seguridad en el trabajo, seguridad social y preventiva, así como la protección de grupos vulnerables y la erradicación del trabajo infantil. Además, resaltó la importancia de la Comisión de Género e Igualdad de Oportunidades y otras áreas relevantes del mundo laboral.
El CFT tiene como objetivo principal fortalecer las administraciones del trabajo y garantizar una mayor eficacia en la actividad gubernamental y de los actores sociales en distintas jurisdicciones y competencias.