Leonardo González
La gobernadora Rosana Bertone promulgó –vía decreto 2519/18- la ley provincial Nº 1238 mediante la cual Tierra del Fuego adhiere a la denominada "Ley Justina" que establece que todas las personas mayores de edad son donantes de órganos, salvo que hubieran expresado, en vida, su voluntad contraria.
En el orden provincial será el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes Tierra del Fuego (CUCAI - TDF), o la denominación que en el futuro la reemplace, el que, entre otras cosas, proponga a la autoridad de aplicación normas sobre habilitación de establecimientos o servicios, así como autorización de profesionales y equipos de salud que ejerzan las actividades que contempla la norma.
Además ejercerá el contralor de "la obtención y utilización de órganos, tejidos y células de origen humano, regulando las acciones de procuración en el territorio provincial, en coordinación con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)" y efectuará "las actividades inherentes al mantenimiento y actualización de los registros mencionados en las leyes 27.447 y 25.392 (Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas)".
El CUCAI también deberá promover la docencia y acciones de capacitación "continua e integral, en materia de donación y trasplante de órganos, tejidos y células" y efectuar actividades de educación y difusión, a efectos de informar y concientizar a la población sobre los alcances del régimen de disposición de órganos, tejidos y células, provenientes de personas".
La creación de bancos de órganos, tejidos y células también será facultad del CUCAI – TDF, "favoreciendo el desarrollo de Centros de Implante en el sector público, privado y de la seguridad social, con vistas a facilitar la accesibilidad de toda la población a las prácticas trasplantológicas".
El citado organismo deberá, además, prestar asesorar a las autoridades judiciales de la Provincia "para agilizar los procedimientos de disposición de órganos, tejidos y células, en los casos en que deba intervenir la Justicia".
El decreto de promulgación de la norma fue rubricado por la gobernadora Rosana Bertone, y del ministro de Jefatura de Gabinete, Leonardo Gorbacz.