Leonardo González
El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Pablo García, se refirió a las acciones que se vienen llevando adelante la ciudad en el marco del proceso de regularización de tierras iniciado hace cuatro años y cuya ejecución sigue en marcha.
En este tiempo, la Municipalidad regularizó 18 barrios de la ciudad, llevando soluciones a 908 familias. En los próximos días se estarán entregando decretos a 24 familias de Bajada de Maestros 24 y a 15 del Barrio Nuestro Lugar.
A partir de los incidentes de ocupación ilegal ocurridos días atrás-, el secretario de Gobierno, señaló que "el trabajo se llevó adelante junto con la Policía de la Provincia, quienes realizaron un trabajo muy importante, por lo cual agradecemos a las fuerzas".
"Desde la Municipalidad se venía haciendo un relevamiento previo con la secretaría de Hábitat y las áreas de Desarrollo Social de la Municipalidad para constatar la situación de los ocupantes y poder brindar alternativas a esta ocupación ilegal, ya que no están dadas las condiciones en esa zona, por la falta de servicios básicos como agua, cloaca y gas, para que se instale ninguna familia. Luego de varias gestiones para que la familia abandone el lugar, y para lo cual se le habría ofrecido un lugar en el albergue municipal, los ocupantes decidieron atacar de forma violenta a los policías, lo cual demoró el desalojo", destacó.
Más allá de este incidente puntual, García destacó que "la ciudad necesita una respuesta integral y conjunta entre todas las áreas involucradas para poder hacer frente a estas ocupaciones irregulares, que lo único que logran es demorar el proceso de regularización en marcha".
"Nuestra filosofía de gobierno es que la ciudad es una sola y no puede haber división entre los de arriba y los de abajo, pero para lograr eso tenemos que avanzar en dos frentes: El primero es la regularización de las tierras, proceso en el que venimos trabajando. El segundo es involucrar a todos los actores: el municipio, la provincia, las fuerzas de seguridad, la justicia, las áreas sociales y de hábitat; en un protocolo de intervención en el que todas las partes nos pongamos de acuerdo", señaló.
En ese sentido, el funcionario consideró que "la situación de riesgo que enfrentan las familias que ocupan irregularmente una zona que no es apta para el asentamiento, genera consecuencias sociales, medioambientales, de seguridad, sanitarias, legales y de planificación".
"Por eso, vamos a elevar un proyecto de protocolo al Concejo Deliberante de la ciudad y lo someteremos también al consenso con el poder judicial y con el gobierno de la provincia", adelantó.
En lo inmediato, la Municipalidad dispondrá de un refuerzo en materia de seguridad en la zona, con mayores controles en el territorio para evitar nuevas intrusiones, junto con todo el trabajo que viene llevando adelante Desarrollo Social.