Tucumán frenó tres expropiaciones para evitar un costo millonario
La Provincia enmarcó la decisión en la defensa de la propiedad privada, el cuidado del presupuesto y la preservación de recursos para servicios esenciales.
Redacción Vía Tucumán
13 de abril de 2026, 11:30
La Provincia dio marcha atrás con tres procesos de expropiación vinculados a obras que hoy no tienen respaldo financiero. La decisión, anunciada por Osvaldo Jaldo junto a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, apunta a cerrar un frente judicial que podía derivar en una condena superior a los 5.268 millones de pesos contra el Estado provincial.
Los inmuebles en cuestión estaban ligados al Centro Multimodal de Cargas, a la obra de electrificación de El Espinillo y a un proyecto habitacional de 700 viviendas. Según explicó el Gobierno, ninguna de esas iniciativas cuenta en este momento con financiamiento nacional ni internacional, por lo que sostener las expropiaciones implicaba seguir avanzando hacia juicios de alto costo para la Provincia.
Durante la conferencia en Casa de Gobierno, Jaldo sostuvo: “Nos adelantamos a la sentencia desistiendo de las expropiaciones y evitamos una condena superior a los 5.000 millones de pesos”. También señaló que, con esta definición, el Estado provincial podría recuperar alrededor de 2.000 millones de pesos ya depositados en esos expedientes.
El mandatario encuadró la medida en una doble línea de acción: el resguardo de la propiedad privada y la defensa de los fondos públicos. En ese marco, recordó que desde el inicio de su gestión se avanzó también en la recuperación de tierras estatales ocupadas de manera irregular: “El 29 de octubre de 2023 iniciamos un proceso de recuperación de tierras del Estado que estaban en posesión de personas que no podían justificar su tenencia. En dos años hemos recuperado casi 1.000 hectáreas que pertenecen a los tucumanos y que tendrán una planificación para su utilización”, afirmó.
Más adelante, el jefe del Ejecutivo advirtió sobre el peso que estos litigios podían tener sobre la administración provincial: “Hoy nos encontramos con que las expropiaciones del pasado se convirtieron en juicios contra la Provincia. Son procesos que implican recursos y pueden derivar en condenas millonarias y embargos de cuentas públicas, lo que pondría en riesgo servicios esenciales como salud, seguridad y educación”, expresó.
Por su parte, la fiscal Pedicone de Valls explicó que la decisión se tomó antes de una sentencia desfavorable y que esa figura legal permite dejar sin efecto la expropiación y reclamar la devolución del dinero inmovilizado: “Desistir significa que el Estado puede dejar sin efecto la expropiación antes de la condena y recuperar el dinero depositado. Hemos pedido a la Justicia paralizar los juicios y reintegrar los fondos”, precisó.
La funcionaria además marcó un criterio que, según dijo, guía a la actual administración: solo avanzar con expropiaciones cuando la obra tenga financiamiento asegurado y posibilidades concretas de ejecutarse. En esa línea, remarcó que los tres expedientes abiertos exponían a la Provincia a un riesgo económico inmediato sin que existiera hoy una obra en condiciones de ponerse en marcha.
Del anuncio participaron también Daniel Abad, Regino Amado, Darío Monteros, Marcelo Nazur, Luis Medina Ruiz, Eugenio Agüero Gamboa, Federico Masso, Susana Montaldo, Federico Nazur, Eduardo Castro, Juan Casañas, Maximiliano Martínez Márquez, Joaquín Girvau y Roque Yñigo.