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| sábado, 06 de junio de 2026
El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, plantearon la necesidad de avanzar en una estrategia común para garantizar el funcionamiento del transporte público de pasajeros en Tucumán, en un contexto marcado por la crisis del sistema y el retiro del financiamiento nacional.
Ambos coincidieron en que el servicio requiere una mirada estructural, con medidas que permitan mejorar la calidad, la frecuencia, el estado de las unidades y la sostenibilidad económica de una actividad clave para la vida cotidiana de los tucumanos.
Jaldo reconoció las dificultades actuales del sistema y remarcó el trabajo articulado con el municipio capitalino para buscar soluciones: “Sabemos que el transporte público en Tucumán tiene muchas falencias, pero con la Intendenta venimos haciendo un gran esfuerzo para corregirlas, tanto en la calidad y frecuencia del servicio como en las condiciones de las unidades”, afirmó.
El mandatario provincial subrayó que el transporte público no solo impacta en la movilidad urbana, sino también en la educación, la salud, el comercio y la actividad económica. Además, recordó que detrás del sistema hay trabajadores y familias que dependen de su continuidad. En ese sentido, explicó que la prórroga de la Emergencia del Transporte Público permitirá disponer de herramientas legales y administrativas para tomar decisiones orientadas a proteger a los usuarios.
Por su parte, Chahla remarcó que el problema debe abordarse con una visión más amplia, que contemple no solo a la Capital, sino también al área metropolitana y al conjunto de la provincia: “El transporte no es solo de la Capital, es metropolitano, y sin una mirada integral no va a funcionar”, señaló.
La intendenta explicó que ya se trabaja en un diagnóstico conjunto para evaluar el funcionamiento del sistema y definir soluciones concretas. Entre las alternativas en estudio mencionó una futura licitación, la incorporación de nuevas unidades y la optimización de recorridos. Sin embargo, advirtió que cualquier decisión deberá contemplar también la situación de los trabajadores del sector.
La funcionaria también hizo referencia a las restricciones presupuestarias que atraviesan los municipios y planteó la necesidad de reducir costos sin trasladar nuevas cargas a los usuarios: “Estamos desfinanciados, por eso necesitamos una estrategia clara y definitiva junto al Gobierno provincial”, afirmó.
En el cierre, Jaldo vinculó la situación actual con la decisión del Estado nacional de retirar recursos que antes contribuían a sostener el servicio, como subsidios al combustible y compensaciones destinadas a mantener tarifas más accesibles: “Hoy la Nación ya no aporta esos recursos, y la responsabilidad recae únicamente en la Provincia y los municipios”, explicó.
Sol Alvarez Natale