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| viernes, 05 de junio de 2026
La crisis del transporte público tucumano volvió a poner las cartas sobre la mesa, en una entrevista donde quedaron claros los mismos problemas de fondo, pero con números cada vez más duros: menos pasajeros, combustible disparado, competencia sin control y una estructura que, según el sector, ya no resiste otro parche más. En una conversación radial, el empresario del transporte, Jorge Berreta, advirtió que la situación se puede "tapar agujeros", pero que la situación de base no se soluciona.
El punto de partida fue el deterioro de la actividad: “El transporte público de pasajeros viene una crisis que lamentablemente se repite”, resumió el empresario, antes de ponerle cifras al cuadro: dijo que desde fines de 2024 la cantidad de pasajeros cayó un 30% y que, además, el gasoil saltó de 1.500 a 2.300 pesos por litro.
A partir de ahí, explicó por qué el anticipo provincial fue recibido como un alivio inmediato, aunque lejos de una solución definitiva: “Nos anticiparon 2.000 millones de pesos a cuenta de compensaciones tarifarias”, señaló. Y enseguida aclaró el alcance: “Es por única vez, digo, en esta oportunidad, una remesa única”. Después insistió en que ese dinero tiene un destino concreto: “Los 2.000 millones de pesos son exclusivamente y están destinados exclusivamente al mayor costo del gasoil este mes”.
“Van a servir quizás para tapar algunos agujeros, pagar deuda, hacer funcionar la actividad, pagar sueldos”, admitió. Pero enseguida volvió sobre la pregunta que, para el sector, sigue sin respuesta: “El tema es cómo sigue el día después”.
Cuando la conversación pasó al precio del boleto y al sostenimiento del sistema, el empresario evitó responder en términos cerrados y apuntó a los poderes concedentes: “El transporte tiene un costo que tiene que ser evaluado por los poderes concedentes. No por nosotros”, remarcó. Y agregó una definición que resume la posición empresaria: “De ahí se decide qué paga el usuario, qué pone el Estado, cómo se costea”. Según dijo, mientras esa cuenta no se sinceré, “indefectiblemente vamos a seguir de mal en peor”.
Otro de los momentos más filosos apareció con el tema Ubermoto. Allí dejó en claro que la crítica no apunta a quienes trabajan, sino a la falta de reglas: “No compartimos la ordenanza”, dijo. Luego precisó que el problema no es solo jurídico, sino operativo: “La ordenanza no fue reglamentada y no hay ningún tipo de control en el ejido municipal”.
En ese tramo, también reclamó exigencias mínimas para quienes transportan pasajeros fuera del sistema tradicional. Mencionó seguros, carnet profesional y condiciones básicas de seguridad, aunque advirtió que el sector no decide ni cómo ni cuándo se aplican esas reglas: “Lamentablemente no tenemos incidencia”, resumió.
La entrevista también rozó el recambio en el área de movilidad urbana. Ahí bajó el tono personal, pero mantuvo la dureza del planteo: “Nosotros nos vamos a sentar con quien esté a cargo”, dijo, aunque inmediatamente marcó cuál debería ser, a su entender, el primer paso de cualquier gestión: “Lo primero que tienen que hacer es revisar la ecuación económica”. Más adelante lo volvió a expresar sin rodeos: “Lo primero que tienen que hacer es un estudio técnico de costos”.
Después vinculó esa situación con varios factores: controles desiguales, carriles exclusivos invadidos, menor velocidad comercial y estudios que, según sostuvo, fueron ignorados: “Nosotros tenemos los estudios técnicos, pero fueron cajoneados siempre”, afirmó. Y dejó una advertencia política: “Queremos trabajar mirando hacia adelante, pero con sinceramiento”.
La última definición fue casi un cierre de clima. Según el empresario, en las condiciones actuales nadie se hará cargo de un sistema que sigue sin cerrar: “Acá no es que se vayan y vengan otros, porque en estas condiciones no viene nadie”, dijo. Fue una frase breve, pero suficiente para condensar el fondo de toda la entrevista: el transporte sigue funcionando, sí, pero atado a una fragilidad que ya nadie se anima a disimular.
Sol Alvarez Natale