Seguridad en las aulas: nuevas sanciones y obligaciones tras un decreto provincial
La normativa pone el foco en la prevención y en la responsabilidad de todos los actores involucrados frente a episodios que alteren el normal dictado de clases.


El Gobierno de Tucumán endureció el esquema de seguridad en las escuelas ante episodios de violencia, amenazas y alteraciones del orden. La decisión quedó formalizada a través del Decreto N.º 772/7 M.S., firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, que fija nuevas responsabilidades para directivos, sanciones para estudiantes y posibles consecuencias administrativas y judiciales para padres o tutores.
La nueva disposición ratifica las instrucciones impartidas al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para intervenir de manera preventiva y operativa ante hechos que puedan poner en riesgo el funcionamiento normal de los establecimientos educativos. El objetivo, según la normativa, es reforzar el control tanto dentro como fuera de las escuelas.
En ese marco, el decreto establece que las autoridades y directivos de instituciones de gestión pública y privada deberán responder por la preservación y el cuidado de los alumnos. En caso de incumplimiento, las instituciones privadas podrán perder subsidios o aportes que reciban del Estado provincial.
La medida también instruye al Ministerio de Educación a aplicar acciones correctivas frente a conductas graves. Entre ellas, se contempla la posibilidad de expulsar del sistema educativo provincial, durante el actual ciclo lectivo, a estudiantes que incurran en hechos que afecten el desarrollo de las clases o generen situaciones de riesgo. A la vez, se fija que los padres, tutores o responsables legales de menores podrán ser alcanzados por responsabilidades en sede administrativa y/o judicial, además de responder de manera solidaria por los daños ocasionados.
Otro de los puntos incluidos en la norma prevé que los menores involucrados en hechos de mayor gravedad podrán ser trasladados al instituto Brochero de Benjamín Paz, siempre con intervención previa del Poder Judicial. El decreto ya entró en vigencia desde la fecha de su firma y será refrendado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.