Desde la Legislatura advierten por el impacto de las reformas en discapacidad
El debate puso el foco en el posible traslado de responsabilidades desde el Estado Nacional hacia las provincias.
Sol Alvarez Natale
30 de abril de 2026, 07:54
La Legislatura de Tucumán fue sede de una charla-debate sobre las modificaciones propuestas a la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, una iniciativa que encendió señales de alerta entre legisladores, instituciones terapéuticas y referentes vinculados al acompañamiento de personas con discapacidad.
El encuentro fue encabezado por el presidente de la Comisión de Salud Pública, el legislador Gabriel Yedlin, quien planteó su preocupación por el alcance del proyecto que se analiza a nivel nacional. Según advirtió, los cambios podrían afectar el Sistema Único de Prestaciones y reducir el rol del Estado Nacional en el financiamiento y la organización de las políticas de discapacidad.
Yedlin sostuvo que la reforma apunta a trasladar responsabilidades hacia las provincias y cuestionó especialmente tres aspectos: el reempadronamiento obligatorio para personas con discapacidad, la eliminación de los valores del nomenclador nacional y la posibilidad de que cada jurisdicción regule las prestaciones. Para el legislador, detrás de esas medidas aparece un retiro del Estado Nacional de su función rectora.
En ese marco, no descartó impulsar desde la Legislatura un proyecto de resolución dirigido a los diputados y senadores nacionales por Tucumán, con el objetivo de pedirles que defiendan los derechos de las personas con discapacidad: “Lo importante es poder poner el tema en agenda”, señaló.
También participó Gustavo Anastasio, presidente de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán, quien advirtió que la reforma podría habilitar coberturas diferenciadas según la provincia o el financiador. A su entender, dejar de lado el nomenclador nacional abre el riesgo de que las prestaciones pierdan criterios comunes de calidad y accesibilidad.
Por su parte, Francisco Argüello, socio fundador de la Fundación Fusar Sol, centro de diagnóstico y rehabilitación ubicado en Villa Hileret, departamento Trancas, cuestionó que, bajo el argumento de auditar pensiones, se avance sobre artículos centrales de la Ley 24.901. Según expresó, modificar el esquema de aranceles podría desfinanciar a los prestadores y afectar la continuidad de los servicios.
La jornada dejó planteado un debate que involucra tanto a las familias y personas con discapacidad como a instituciones, profesionales y gobiernos provinciales. Desde la Legislatura remarcaron la necesidad de seguir de cerca el tratamiento del proyecto y sostener una discusión pública sobre sus posibles consecuencias.