Cura Brochero: investigan daños y evalúan medidas tras disturbios
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, explicó que el episodio ocurrió en el establecimiento socioeducativo y no en la cárcel de Benjamín Paz.


El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, aclaró que el incidente registrado en Benjamín Paz ocurrió dentro del establecimiento socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero y no en la unidad penitenciaria ubicada en la zona.
“Hay que informar bien. El motín se dio en el Instituto Cura Brochero y no tiene ninguna relación con la cárcel”, enfatizó el funcionario.
Según precisó, alrededor de las 22 horas, dos adolescentes alojados en el instituto iniciaron disturbios. Tras una primera intervención interna sin resultados, las autoridades del establecimiento dieron aviso a la Justicia y solicitaron apoyo policial: “Como corresponde, se informó a la Justicia y se tomó la decisión de convocar a la Policía de la provincia para que los grupos especiales ingresaran y retomaran el control del instituto”, señaló.
El procedimiento se realizó cerca de las 22.30, con participación de efectivos de Infantería y personal policial de Trancas. Luego de la intervención, el orden fue restablecido en el lugar.
Masso sostuvo que los controles seguirán siendo estrictos: “Nosotros no nos vamos a dejar doblegar para que ingrese droga al Instituto Cura Brochero. Cada día de visita hay presión de familiares para ingresar estupefacientes, y este Gobierno no va a aflojar”, sostuvo.
Evaluación de daños y medidas internas
El funcionario indicó que el instituto aloja actualmente a 10 adolescentes y cuenta con equipos técnicos interdisciplinarios, educación, alimentación y abordaje para casos de consumo problemático. También señaló que jueces, defensores y organizaciones especializadas ya recorrieron las instalaciones.
“El Cura Brochero es un ejemplo a seguir en el país. El Gobierno de Tucumán ha garantizado todas las condiciones necesarias para la reinserción de los menores”, expresó.
Tras el incidente, intervienen autoridades de Niñez, Adolescencia y Familia, defensores oficiales y equipos jurídicos para evaluar los daños y definir las medidas correspondientes: “Vamos a preservar la integridad de nuestros trabajadores, celadores, enfermeros y del personal policial. Quienes protagonizan estos hechos deberán asumir las consecuencias”, concluyó.