El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, presidido por el doctor Fernando Arturo Juri, aprobó por unanimidad una resolución para colocar una placa conmemorativa en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado, en el marco de los 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar. La medida se inscribe en la agenda de actividades vinculadas a la memoria, la democracia y los derechos humanos.
La iniciativa fue impulsada por los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos, y contó además con las firmas de acompañamiento de Fernando Juri, Ernesto Nagle, Ana María González, Federico Romano Norri, Leandro Argañaraz y Gastón Gómez. La resolución dispone la instalación de una placa en el edificio del Concejo como homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y como una reafirmación del compromiso institucional con la democracia y los derechos humanos.
Durante el tratamiento del proyecto en el recinto, Canelada levantó un ejemplar del “Nunca Más”, el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), y leyó el testimonio de Carlos Alberto Campero, referido a los tormentos y torturas sufridos por su familia en su propia casa, antes de ser trasladados a una dependencia militar o a un centro clandestino de detención.
En ese contexto, Canelada sostuvo: “Es indispensable apostar todos los elementos necesarios para comentar la memoria desde lo simbólico, desde las acciones democráticas. una tarea que hemos asumido en este Concejo, robusteciendo la memoria activa. La memoria no es un yunque, no es algo que nos hace conducir la vida mirando por el espejo retrovisor, la memoria es una herramienta indispensable para pensar el futuro, para no cometer los mismos errores y para salir a dar el debate frente a aquellos que sostienen aún hoy que era legítimo secuestrar, torturar, desaparecer y apropiarse de niños que siguen sin conocer su identidad”.
A la discusión también se sumaron los concejales Gonzalo Sebastián Carrillo Leito, Federico Romano Norri, José María Franco y Gustavo Cobos, quienes remarcaron la importancia de sostener las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en un contexto atravesado por el resurgimiento de discursos negacionistas sobre el genocidio que fue probado por sentencias judiciales en la Argentina.