Con el acompañamiento de la Cámara Económica de Tres Arroyos, el Consorcio del Parque Industrial junto con empresarios de las firmas comerciales allí establecidas, realizó una denuncia en la Justicia Federal de Necochea, a los transportistas que, desde hace varios días se encuentran de paro a la vera de la intersección de la Rutas 3 y 228, por entender que se está impidiendo la libre circulación de los camiones cerealeros.
La presentación fue realizada ante el juez Gabriel Di Giulio, quien es de Azul y se encuentra como subrogante en el Juzgado Federal de Necochea.
Desde el lunes 18 de enero alrededor de 200 transportistas cuentapropistas y autoconvocados se encuentran a la vera de la intersección de la ruta 3 y 228 en reclamo de aumento de tarifas, sin corte de ruta pero obligando a los Camiones Cerealeros a detenerse por algunas horas antes de continuar su camino.
El paro, al que se suman camioneros de todo el país, se debe principalmente a la fuerte suba del combustible que afecta a la tarifa que cobran los transportistas, principalmente a los pequeños trabajadores o empresarios. En ese sentido, exigen que los dadores de carga sean obligados a abonar una tarifa unificada a nivel nacional.
También rechazan los aumentos tarifarios de fletes de granos de hacienda y en general, y proponen crear una serie de descuentos en combustibles y peajes para los transportistas.
A través de documento la Cámara Económica afirma “la existencia de un acuerdo entre el sector del transporte, representado por sus cámaras, y el Gobierno, en el marco del cual se viene trabajando para avanzar y dar una pronta solución a las problemáticas planteadas por el sector”.
“Existe una mesa de trabajo que viene avanzando en varios puntos, entre ellos los que están generando el conflicto actual, y que tienen que ver con los precios de referencia, modificación de curva y estructura de costos, los cuales se estarían cerrando el 4 de febrero, fecha en la que se estableció la Mesa de Tarifa según el acuerdo firmado”.
Además afirma que: ”la protesta de los autoconvocados está perjudicando fuertemente al sector industrial, quienes podría sufrir grandes multas por incumplimiento de los contratos, poniendo a su vez en peligro el abastecimiento de insumos desde y hacia a la ciudad”.
El documento finaliza dejando abierta la posibilidad de realizar una denuncia penal en pos de la libre circulación, “teniendo en cuenta que ya existe una vía institucional sobre la que se están tratando los temas que son causa del reclamo”, acción que finalmente se llevó a cabo.