La causa del otorgamiento de pensiones truchas que derivó en un perjuicio millonario al Anses en Santiago, sigue dando que hablar y quién salió a contar su versión de los hechos es el fiscal federal Pedro Simón, que lleva adelante las investigaciones.
Las detenciones del pasado miércoles de cuatro empleados identificados como Daniel Ingratta, Selva Saavedra, Azucena Álvarez y Ramiro Herrera volvieron a poner el tema en el tapete y el fiscal explicó porqué los aprehendieron. "Son empleados que han intervenido en pasos que nosotros consideramos 'cruciales' de la tramitación, sin los cuales no hubieran tenido un final positivo en cuanto al otorgamiento de los beneficios", explicó.
"He ampliado la imputación y se los va a citar a indagatoria, con el mismo tenor de los otros imputados. Es decir, incumplimiento los deberes de funcionario público, defraudación, uso de documentación pública falsificada y asociación ilícita. Luego, será el juez quien determine si son partícipes o miembros, o jefes de la asociación ilícita", agregó.
Simón reveló que el número de imputados, que ya llega a medio centenar, puede ascender en los próximos días. "Estamos esperando unas pruebas que ha solicitado la Fiscalía sobre las verificaciones de los domicilios, para verificar el estado de convivencia. Estamos esperando que salgan los resultados de esas pruebas, y comprobar si están bien hechas las verificaciones y responden a la realidad o si no, habrá nuevas imputaciones con relación a otro grupo de empleados que trabajan en esa área", esgrimió en diálogo con El Liberal.
Por último, también comentó que están tras los paso de otras pistas, que pueden revelar otros entramados dentro del organismo. "Evidentemente en la Anses había varios quioscos. Estos que estamos investigando actuaban coordinadamente, pero también había outsider que hacían su propio negocio", culminó.