Redacción Vía Santa Fe
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados de Santa Fe sancionó la reforma del Código Procesal Penal en la provincia, lo que implicará cambios en más de 40 artículos respecto a la ley anterior. Entre los más relevantes, estará la ampliación del tiempo de detención preventiva y de las variantes de allanamiento sin orden judicial, además de eliminarse la feria judicial en fuero penal.
En medio de la ola de violencia que azota a la ciudad de Rosario y la región, la Cámara Baja finalmente aprobó una ambiciosa reforma del ámbito penal que busca celeridad en los procesos judiciales vinculados al juzgamiento del narcotráfico, aunque el texto no estuvo exento de cuestionamientos.
se termina la feria judicial
Entre los puntos más relevantes de la modificación del Código, está la eliminación de la feria judicial en fuero penal, que tiene como objetivo que no se resienta el servicio de justicia durante los recesos de verano e invierno, en los meses de enero y julio, respectivamente.
En ese sentido, la normativa insta a la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal a organizar y programar las licencias por vacaciones de los funcionarios y empleados de forma que se garantice “como mínimo la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del cincuenta por ciento del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda”.
otras modificaciones
De la misma manera, se extendieron los plazos para presentar a un detenido frente al juez. Así, en detenciones ordinarias se contemplan hasta 8 días después del arresto, mientras que para los casos de “delincuencia organizada” se extiende hasta 30 días.
Entre los artículos que generaron mayor discusión está el que permite una mayor atribución de la Policía provincial, modificando la vinculación entre fiscales y la Policía de Investigaciones, que ahora podrá motivar la investigación penal “con noticia inmediata a la fiscalía”.
Otro de los puntos importantes es la ampliación de las variantes de allanamientos que no requerirán orden judicial, con la meta de que los fiscales y la Policía actúen con mayor celeridad evitando, por ejemplo, un peligro de pérdida de la evidencia.
Finalmente, el texto determina que las pruebas recolectadas por el agente encubierto, el agente revelador, el informante y la entrega vigilada serán válidas y podrán utilizarse para probar delitos.