En una actitud cada vez más corporativa, el Senado de la provincia de Santa Fe aprobó este jueves un documento que le recuerda al juez Juan Carlos Leiva, a cargo de la causa de juego clandestino, que este cuerpo legislativo rechazó el pedido de desafueros contra el senador Armando Traferri por falta de pruebas, por ende “no puede avanzarse en el proceso judicial instaurado contra él”. También facultó a la presidenta del cuerpo y compañera de bloque del senador por San Lorenzo, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, “para que, con el patrocinio letrado que ella designe, proceda a interponer ante el Juzgado actuante la presente resolución, a fin de ser tenida como parte en el proceso”.
El senador del Nuevo Espacio Santafesino (NES) Raúl Gramajo explicó que, luego de que los senadores rechazaron el cese de la inmunidad de Traferri, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra deberían haber archivado la causa contra el legislador, “en virtud del artículo 51 de la Constitución y del artículo 27 del Código Procesal Penal”. Sin embargo, criticó que “ayer llegó a la Cámara una citación al senador Traferri vía Cámara”.
“En vez de cumplir con el precepto legal y constitucional, que es el archivo inmediato de la causa, continuaron tramitándola y plantearon ante el juez Leiva la inconstitucionalidad de dicho artículo”, abundó el legislador del departamento 9 de Julio.
Además de criticar la decisión de los fiscales de no archivar la causa, Gramajo también repudió el pedido de inconstitucionalidad realizado por los fiscales para poder indagar a Traferri, ya que explicó que para ello se “requiere una ley que defina una reforma constitucional con los dos tercios de los votos de cada Cámara y, a partir de ahí se podrá analizar el contenido de esa disposición está vigente”.
“Si a los fiscales no les agradó lo que establece este artículo, nosotros solo cumplimos con lo que dice la constitución, nada más. No hemos salido de eso”, insistió. A continuación, Gramajo explicó los motivos que llevaron a votar la resolución de este jueves. “Por eso ayer también se votó una resolución donde se le habilitó a la presidenta del Senado para que a través de su patrocinio letrado se presente en esta causa para solicitar el rechazo in limine del recurso y, si quieren avanzar con el pedido de inconstitucionalidad, que lo hagan como corresponde”.
Al respecto, Gramajo consideró que “si declara la inconstitucionalidad habría una intromisión de poderes, una intromisión en la intromisión política y jurídica de un poder sobre otro” y que en ese caso se recurriría a la Corte, a través de un per saltum, para revertir esta situación.
Con relación al desempeño de los fiscales, el senador justicialista dijo que hay algunos que “son brillantes y otros cuya conducta no es la mejor”. Y agregó: el fiscal Edery, en una oportunidad, cuando se lo detiene a un empresario de Rosario le solicita a Ponce Asahad secuestrar su celular para ver sus relaciones y ver si lo podían enganchar en algo. Eso solo puede ser autorizado por un juez”.
También contó que “ha ingresado otro expediente de otro fiscal cuya vinculación con el narcotráfico y con los capitalistas del juego es directa, y así existen otros fiscales, como por ejemplo uno que le interceptó el teléfono a la ex mujer”. Basado en estas conductas fue que reafirmó que “son fundamentales los controles” al Poder Judicial.
“No es una caza de brujas. Que no se interprete que los legisladores queremos digitar las acciones de los fiscales del MPA. Solamente controlar las conductas lesivas a la ley que se constituyen en delitos y en algunos casos delitos graves. Porque quienes tienen que investigar no pueden estar ligados con el narcotráfico, con los capitalistas del juego. Y hay pruebas, pruebas contundentes, porque cuando me tocó investigar al fiscal Blanco llevé todo, porque había elementos de sobra”, indicó en referencia la comisión de estudio, investigación, seguimiento y evaluación de los fiscales y de la Defensa Pública, que también se votó ayer.
El senador de 9 de Julio recordó que el Senado tiene facultad de control a través de la ley 13.807, que fue declarada inconstitucional por un juzgado laboral, decisión que fue apelada por la Cámara. “No se constituye la Legislatura en una caza de brujas ni se persigue. Simplemente el control de los poderes hace al respecto irrestricto de la división de los mismos y fundamentalmente a los principios republicanos”, finalizó.