La decisión del Gobierno de retirarse del salvataje de la empresa Vicentin deja a la agroexportadora frente el concurso preventivo sin cooperación estatal ni la "confianza" de sus acreedores, con activos que representan cerca de un tercio de sus pasivos.
El presidente Alberto Fernández señalo que no va a "estatizar deudas privadas, ni a salvar accionistas, ni a avalar con el Estado un desfalco", mientras que el secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, advirtió que "la quiebra sería la peor salida" pero "siempre está latente en un concurso".
Sin la posibilidad en el horizonte de la conformación de un fideicomiso mixto para administrar la empresa y buscar financiamiento, Vicentin enfrenta en el concurso preventivo una deuda cercana a los 100 mil millones de pesos entre pasivos con entidades financieras locales e internacionales y acreedores comerciales.
Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. pic.twitter.com/TEilNynB8T
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial.
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado.
— Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2020
El juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista que entiende en el concurso, Fabián Lorenzini, estableció el 25 de agosto como plazo máximo para verificar créditos. Entre la declaración de cesación de pagos por "estrés financiero" el 5 de diciembre de 2019 y el pedido de su propio concurso el 10 de febrero de este año, la empresa fracasó en su intento por arribar a un acuerdo extrajudicial con sus acreedores.
Los bancos extranjeros reclaman una deuda del orden de los 530 millones de dólares a la compañía santafesina. En ese contexto, el jueves fracasó el intento del Gobierno de Santa Fe por acordar la conformación de un fondo fiduciario mixto que permitirá darle continuidad a la operatoria de la empresa y poder, así, genera los recursos para cancelar el pasivo concursal.
Y el presidente Fernández decidió ayer derogar el decreto que establecía la intervención por 60 días de Vicentin para una futura declaración de utilidad pública y posterior expropiación.
"El juez nunca aceptó que entráramos para aportar una solución en Vicentin. Nosotros queríamos rescatar a una empresa que era una referencia cerealera importante en el país, no a los directivos de la empresa. Para esto último estaba el gobierno anterior", remarcó hoy el Presidente en El Destape Radio.