Antes del tratamiento en la Casa de las Leyes del acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y la empresa brasileña Vale por el traspaso de Potasio Río Colorado a la provincia, realizaron una recorrida por los instalaciones de la mina en el territorio malargüino.
El viaje al sur mendocino para conocer de primera mano los activos (por un valor de 250 millones de dólares) que serán transferidos a Mendoza, en caso de ratificarse el contrato de cesión, fue por petición de diputados y senadores.
Durante el lunes una delegación encabezada por el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, el intendente Juan Manuel Ojeda y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, recorrió las instalaciones de la mina Potasio Río Colorado en el Sur mendocino con legisladores provinciales.
El histórico acuerdo de traspaso de los activos de Vale a Mendoza firmado por el gobernador Rodolfo Suárez cuenta con el aval de Fiscalía del Estado y Asesoría de Gobierno y ahora está en manos de la Legislatura darle el visto bueno final.
“La idea es mostrarles a los legisladores de qué se trata el proyecto que deben refrendar. Tuvieron la oportunidad de sacarse todas las dudas y ver la magnitud de este emprendimiento”, afirmó Guiñazú.
“Estamos a disposición para que todos los legisladores se saquen las dudas y conozcan a fondo el proyecto. Aquí podemos aprovechar la infraestructura existente de manera inteligente, vamos a tener servicios que de otra forma no se podrían dar. Es un polo de servicios que puede ampliar otras actividades como el turismo en el sur mendocino”, agregó el subsecretario.
Por su parte el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza aseguró que la visita se hizo a pedido del Partido Justicialista, que exigió una “comisión técnica” para evaluar el proyecto. “La visita forma parte de la agenda legislativa y fue muy positiva. Lamentablemente se filtraron cuestiones políticas, el peronismo no acompaño, pero si quieren provocar un daño a Malargüe nosotros vamos a seguir trabajando”, ratificó Lombardi, quien además aseguró que quieren tratarlo en el recinto la semana que viene.
Con esta transferencia, Mendoza recupera 250 millones de dólares en activos que estuvieron paralizados durante ocho años, con una proyección de mil puestos de trabajo directo y tres mil indirectos. Además, con esta acción el Estado logró salvar los derechos mineros, tener los estudios y aprobaciones de impacto ambiental y todos los activos físicos de un total de 80 mil hectáreas.
“Trabajamos mucho con la empresa, desde el 2019, para llegar a un acuerdo. Como se trata de una transferencia, realizamos una auditoría muy profunda que demandó casi 6 meses de trabajo. Analizamos los aspectos ambientales, legales, societarios, financieros, contables, económicos y llegamos a la conclusión de que era conveniente para la provincia avanzar en este proceso”, explicó Guiñazú.
