Dos empleados judiciales, Mario Hener Condorí y Carlos Ariel Bernardeau, más el abogado Matías Sánchez fueron condenados por cohecho y utilización de información reservada.
El trío tenía un arreglo para acomodar subastas y sacar la mejor tajada. Los empleados del juzgado recibían un buen pago y el letrado se hacía de los bienes.
Durante la investigación lograron establecer que los implicados arreglaron subastas en el Cuarto Juzgado Civil de San Rafael entre 2009 y 2012.
Después de ocho años de investigación y armado de expedientes, el fiscal Víctor Giambastiani logró ponerle fin al caso con la confesión de los imputados y la realización de un juicio abreviado.
El tribunal penal colegiado conformado por Julio Bittar, Rodolfo Luque y Ariel Hernández sentenció a Bernardeau y Condorí a 3 años de prisión en suspenso más la inhabilitación perpetua para ejercer la función pública.
En cuanto al abogado Matías Sánchez, la pena impuesta fue de dos años y ocho meses de prisión en suspenso y siete años de inhabilitación especial para ejercer la profesión.
Las condenas, que no llevarán a la cárcel a ninguno porque no tenían antecedentes, fueron por tres cargos de cohecho y 14 hechos en que utilizaron información reservada.
El ardid
El día previo a una subasta, Condorí y Bernardeau se encargaban de revisar las ofertas, que debían ser secretas, y le pasaban la información al abogado para que pudiera convertirse en el mejor oferente.
A veces la propuesta económica de Sánchez ingresaba, casualmente, en el último minuto y así nadie podía mejorarla o en otras ocasiones el monto ofertado cerraba con una cifra que tenían pautado de antemano y esa era la clave para que los socios identificaran que era la suya.
Con estas maniobras tan simples como rudimentarias ganaron subastas de autos, camiones y hasta inmuebles.
Otro dato que surgió durante la investigación y tuvo un significativo peso fue que el abogado Sánchez no se presentaba a subastas en ningún otro juzgado de San Rafael.