Durante el juicio de este lunes contra cinco acusados de transportar y vender droga, habló la fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, Mónica Spagnuolo, “era más que evidente que, en las miles de escuchas, hablaban de estupefacientes. Aunque se expresaban en clave, era obvio que se referían al traslado, compra o venta de estupefacientes”, aseveró durante el alegato.
La funcionaria judicial solicitó 12 años de prisión para los acusados de manejar una banda dedicada al traslado y comercialización de sustancias, Reynaldo Francisco Retta y Alejandro Javier Moreno, alias “Niño de Cobre”. Ambos expolicías generaban ganancias que, según la investigación, “lavaban” con la compra-venta de autos de alta gama en San Luis capital.
“Son coautores, organizadores del delito de transporte de estupefacientes o alternativamente de la tenencia con fines de comercialización doblemente agravado por interceder en su comisión tres o más personas organizadas y por ser los imputados funcionarios públicos encargados de la prevención del delito” expuso Spagnuolo durante la sentencia.
La fiscal pidió, además, ocho años de prisión para Domingo Mendoza y para Rolando Asturizaga Morales; y requirió que a José Domingo Tulián le apliquen la pena de seis años de cárcel. Se los acusa por formar parte de la organización narcocriminal. Por su parte, Spagnuolo requirió multas económicas para cada uno de ellos, por lo que tendrán que pagar una multa 100 unidades fijas (NdeR: cada unidad equivale al valor de un formulario de Precursores Químicos del Registro Nacional de Precursores Químicos –Renpre–, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación), cuyo precio actual es de $7.000 cada una. Además de la incautación de un lote de vehículos, propiedad de Retta y Moreno.
La etapa de alegatos , iniciada ayer, finalizará hoy con las exposiciones de los cuatro defensores que por tiempos del tribunal, solo pudo refutar la acusación Aldo Giuliani, abogado de Moreno. En el caso que todos los defensores tengan su tiempo el veredicto podría conocerse hoy.
La audiencia de ayer se desarrolló de forma mixta: parte del tribunal y algunos abogados estuvieron en la sala de juicios orales y el resto participó mediante videollamada (entre ellos los acusados, que están en el Penal).
Poco después la fiscal Spagnuolo comenzó con su exposición. Donde describió la forma en que se manejaban los cinco acusados. Se detuvo para detallar sobre Retta y Moreno especialmente se refirió a cómo se comunicaban los imputados.
Durante su descripción la fiscal describió que el momento más relevante de la investigación fue cuando se hicieron allanamientos donde se encontró cantidades de cocaína en una Volkswagen Suran propiedad de Retta.
“Contaban con informantes, gente que los advertía sobre la tarea de los investigadores. Además, ellos habían estado dentro de la fuerza, conocían cómo se trabajaba”, dijo la funcionaria. Además aseguró que los líderes de la supuesta banda no solo sabían que estaban bajo la lupa, sino que estaban informados sobre muchos pasos que daban los pesquisas en busca de pruebas que los comprometieran.
Además, solicitó el decomiso de un Ford KA (taxi), un Chevrolet Corsa Classic (taxi), una Volkswagen Amarok y una moto Honda Dax propiedad de Moreno. Y la incautación de un Volkswagen Vento, un Volkswagen Suran y dos licencias de taxi de Retta.
En tanto a Mendoza y Asturizaga Morales, solicitó ocho años de prisión más el pago de 70 unidades fijas por considerarlos “coautores, sin organización, del delito de transporte de estupefacientes o alternativamente de la tenencia con fines de comercialización, sabiendo que los dos primeros imputados eran funcionarios públicos”.
Además se les imputó de otro delito donde se los consideró “Coautores en concurso real por la comisión, entre ambos, de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y transporte de estupefacientes” por la sustancia encontrada en el Suran.
Giuliani, el defensor de Moreno, aspira a que su cliente sea absuelto, ya que opinó que existe “una carencia de elementos objetivos” que vinculen a su defendido con la acusación. “No puede haber dos cabezas dirigiendo, no podemos hablar de una organización. Quedó demostrado que no existió jamás una organización en la que mi cliente haya sido partícipe”, sostuvo el letrado en su alegato.
“No hay dudas de que la Policía quiso forzar los elementos para establecer que Moreno era jefe de una organización, pero no hay pruebas que lo acrediten. No hay un solo contacto de mi cliente con el resto de los imputados, con quienes no tenía ninguna relación. Por esa carencia de pruebas pido que se lo absuelva de culpa y cargo. Y por la duda razonable que generaron las idas y vueltas de esta instrucción más la requisitoria fiscal”, refirió Giuliani.