La Justicia Federal en San Luis llamó a indagatoria a la actual intendenta de la localidad de Nogolí, Claudia Pinelli, a la entonces directora del Hospital de Nogolí, Silvia Quevedo, y a los fiscales de mesa del Frente Unidad Justicialista Nancy Escudero y Nicando Hilario Amieva por entregar votos marcados a electores inscriptos en los planes sociales, atentar contra la libertad y el voto secreto.
Para el 14 de noviembre fueron citados Pinelli y Amieva, mientras que el 15 es el turno de Quevedo y Escudero.
Según publicó El Chorrillero, la aberrante maniobra consistió en entregarles a vecinos inscriptos en planes sociales, los votos marcados con un código conformado por una letra y un número. De esa forma quedaban identificados y después desde el oficialismo podían comprobar si efectivamente habían sufragado por Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, candidatos a senadores nacionales titular y suplente, respectivamente, y a Pinelli como postulante a la intendencia.
La sábana se completaba con los actuales diputados nacionales Karim Alume, Victoria Rosso y Alberto Geraiges; Mabel Leyes en el rubro senador provincial y Rosa Calderón, Luis Amieva y Norma Rosa Villegas como diputados provinciales.
Cristian Rachid, el fiscal Federal, sostuvo que "lo que hizo la fiscalía es imputar tres casos de electores, supuestamente, compelidos a votar de determinada manera. Si votaba (a Unidad Justicialista) se le daría el plan y si no votaba no se le daba".
Los votos fueron marcados de acuerdo al beneficio que se prometió: la letra "P" correspondían al Plan de Inclusión Social, la "M" a los merenderos, la "B" a becas, "PB" a Pañuelos Blancos, la "H" Hospital y "AS4" a otro plan social. Luego de la letra había un número que identificaba a la persona. Al contabilizar las boletas se podía vislumbrar quienes habían votado a favor del PJ.
Por suerte, el ilegal procedimiento fue descubierto por un día antes de la realización de los comicios del 22 de octubre y el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis lo denunció ante la Justicia Federal con competencia electoral.
Además en ese momento, Pinelli que estaba como candidata a intendente comisionada, también se desempeñaba como interventora del Municipio y Quevedo era la directora del hospital, es decir eran funcionarias del Gobierno actual. El día de la elección actuaron como fiscal general y fiscal en la escuela, respectivamente. Amieva y Escudero serían los brazos ejecutores de la maniobra como fiscales de mesa. Desde su rol controlaban la asistencia de los votantes y luego corroboraban en el recuento que "aparecieran" los votos marcados.
Luego de la denuncia por el frente opositor Avanzar y Cambiemos, el fiscal Rachid pudo arribar a las conclusiones necesarias para acusar a los cuatro dirigentes del oficialismo de ser coautores de un delito electoral al haber "compelido a electores a votar de manera determinada".
“No está en discusión que los hechos están a prima facie acreditados como para por lo menos llamar a una indagatoria”, dijo el funcionario judicial al referirse al caso en las últimas semanas.
Hace poco más de un mes se pidió la indagatoria y ahora el juez hizo lugar al requerimiento. El delito que se les atribuye podría contempla una pena de hasta tres años de prisión y hasta 10 de privación de derechos políticos.
Además ésta no fue la única denuncia que cayó en manos de la Justicia, en los fueros federal y provincial, por irregularidades en una elección que le permitió al Gobierno recuperarse de una derrota por casi 20 puntos en las PASO al dar vuelta el resultado el 22 de octubre.
También hay una demanda contra el gobernador Alberto Rodríguez Saá por haber favorecido con una transferencia de $80 millones a la Fundación Mujeres Puntanas, perteneciente a Gisela Vartalitis, la esposa del senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá, que "regaló" electrodomésticos en actos proselitistas, pero está paralizada porque los jueces se declaran incompetentes. En este hecho también están involucrados el vicegobernador, dos ministros, el contador General de la Provincia.
En jurisdicción de la justicia provincial se encuentra además el expediente por el reparto de tablets de un programa del Estado a punteros del PJ. La entrega se hizo un mediodía en la sede partidaria central.
Al listado de hechos escandalosos se sumaron la distribución de cheques para la compra de materiales de construcción. La jornada previa a la elección se empapeló una ferretería de Villa Mercedes con cheques oficiales de la gestión de Mario Merlo.