La contratación de la cadena EPIC Hoteles por parte del Gobienro de San Luis para que los puntanos que estaban varados en otros puntos del país y regresan a la provincia cumplan con los 14 días de cuarentena, abrió dos frentes de batalla para Rodr4íguez Saá.
Abogados intimaron por carta documento al Gobernador y con el a y a María José Zanglá, presidente del comité de crisis, para que informen como fue la licitación que supuestamente ganó la cadena hotelera.
Los letrados Ricardo Bazla y Lucio Pereira pidieron explicaciones en un plazo no mayor a 24 horas y adelantaron que iniciarán acciones legales si es necesario.
En tanto en la Legislatura, el bloque de San Unido (SLU) presentó un pedido de informes por el cuestionado alojamiento para la cuarentena. La oposición pretende que el Ejecutivo brinde explicaciones sobre los servicios que fueron adquiridos hasta la fecha, los precios pactados, monto de las partidas presupuestarias afectadas, proveedor y fecha y números de expedientes donde tramitaron las contrataciones.
En el reporte del 30 de abril, Rodríguez Saá informó que para apurar el retorno de puntanos varados a la provincia, sumaba al hospedaje en las residencias de la Universidad de La Punta, los hoteles EPIC, ubicados en San Luis y Villa Mercedes.
La elección de la cadena tuvo sustento en que ofreció el precio más bajo, según el gobernador. Cobra por el alojamiento por persona más la pensión completa $1750 por día. “Lo voy a transparentar absolutamente”, subrayó esa noche.
Ante la queja de hoteleros de Villa Mercedes, los abogados Bazla y Pereira intimaron al mandatario provincial y al comité de crisis para que den a conocer las cotizaciones requeridas y las invitaciones realizadas a los hoteles de Villa Mercedes. De la misma manera, exigieron tener información sobre los presupuestos que se elevaron y "el procedimiento administrativo previo adoptado con respecto a la contratación".
Los dirigentes dejaron abierta la instancia de iniciar acciones legales y comunicar a la Legislatura en caso de irregularidades.
Desde la Legislatura, diputados opositores a Rodríguez Saá presentaron un pedido de informes porque sostienen que los hoteleros "no recibieron el pedido de cotización, ni se les dio la posibilidad de cotizar para la prestación de sus servicios de alojamiento y pensión. De esta manera, pese ser uno de los rubros económicos más golpeados por la paralización de las actividades, varios proveedores habrían sido discriminados", indicaron los diputados de San Luis Unidos en los fundamentos del proyecto.
“De ser así, nos encontraríamos frente a una clara violación al principio de concurrencia que debe primar en toda contratación que encare el Estado”, agregaron.
En el pedido de informes, los legisladores también buscan conocer cual fue el procedimiento adoptado para la selección del hotel.
Fuente: El Chorrillero