Las trabajadoras despedidas de la municipalidad sanluiseña de Villa Mercedes solicitaron hoy la mediación de la ministra de la Mujer, Genero y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, por considerar que son víctimas de "violencia de género, persecución policial y política por haberse encadenado para protestar".
Las mujeres que desde hace un mes mantienen un campamento frente a la sede comunal denunciaron, en diálogo con Télam, que la nueva administración municipal de Maximiliano Frontera despidió a 70 trabajadores del municipio, el 10 de enero, entre los cuales "el 90 % son mujeres".
"Entre nosotros casi todas somos jefas de hogar, hay una embarazada de riesgo y diversidades sexuales. Fuimos despedidas solamente por pensar diferente. Algunas fuimos sacadas de nuestros lugares de trabajo sin el aviso de despido y sin causales administrativas que lo justifiquen", afirmó a esta agencia Gisella Palacios, una empleada del municipio que participa de este reclamo.
Y, en ese sentido, las manifestantes agregaron: "Recurrimos al gobierno nacional porque en la provincia somos víctimas permanentes de violencia de género".
Las trabajadoras contaron que a los despidos se sumó la falta de acción de los organismos provinciales que se crearon "para defender derechos" y señalaron que desde la Secretaria de la Mujer de Villa Mercedes les dicen que "no pueden ayudarnos porque son parte de la gestión" actual.
El conflicto con las trabajadoras subió el termómetro político de esa ciudad, distante a 100 kilómetros de esta capital, luego que el gobernador, Alberto Rodriguez Saá, visitara la localidad junto con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié.
En esa oportunidad, las trabajadoras abordaron al gobernador para pedirle "ayuda" y fueron atendidas en privado por el mandatario, quien finalmente prometió ayudarnos.
"Fue una reunión muy tensa", recordaron las mujeres y revelaron que allí el mandatario las acusó de "arruinarle la existencia ante visita del ministro", y se comprometió, el 7 de febrero, a agilizar una mediación que "nunca ocurrió", aseguraron las trabajadoras.
Entre las despedidas, se encuentran empleadas del Concejo Deliberante y administrativas del municipio, que no ganan más de 30 mil pesos, y cuya liquidación final fue establecida "entre 4.500 pesos y 9.000 pesos", afirmaron las manifestantes.
Las mujeres aseguraron también estar "asustadas" y ser víctimas de aparente "persecución política" por haber apoyado en las elecciones provinciales al sector que representa en San Luis el senador Adolfo Rodriguez Saá, hermano del gobernador, y enfrentado con él por tensiones en el poder local.