Este miércoles a las 11 Alberto Rodriguez Saá, el gobernador de San Luis, se reunirá con sus pares de otras provincias en el Consejo Federal de Inversiones en Buenos Aires para debatir las medidas adoptadas por el Presidente de la Nación tras las elecciones PASO.
En la reunión dialogarán, unirán criterios y esperan emitir un documento para alertar sobre el impacto de dichas medidas en las finanzas de sus provincias, cabe la posibilidad de que judicialicen el tema.
Tal como informó Vía País, el martes pasado se conocieron las primeras medidas, los ministros de Economía de las provincias se reunieron y elaboraron un informe en el que aseguraron que la devolución de Ganancias y la bonificación del Monotributo implicaría que el costo de las medidas en impuestos coparticipables y asignación específica alcanzaría los $51.800 millones, que corresponden a las provincias, además de ATN, AFIP, Nación y Seguridad Social.
Del total, $25.654 millones se les restarían de la coparticipación a las provincias (Buenos Aires es la más afectada) y a la Ciudad de Buenos Aires.
Ganancias, indicaron, se coparticipa en un 100%, mientras que la distribución del Monotributo corresponde 30% a las provincias y el resto a la Anses.
Por lo que concluyeron que las pérdidas serían de $6.045 millones para Buenos Aires; $2.535 millones para Santa Fe; $2.518 millones para Córdoba; $1.665 millones para la Ciudad de Buenos Aires, $1.373 millones para Chaco; $1.310 millones para Tucumán; $1.344 millones para Entre Ríos; $1.148 millones para Mendoza y $1.137 millones para Santiago del Estero.
El resto de las provincias dejaría de recibir entre $340 millones y $900 millones cada una.
Los gobernadores del PJ coinciden en que dicho recorte de recursos pone en riesgo a los distritos más dependientes de la coparticipación. A eso le agregan que los fondos nacionales para obra pública en 2019 se redujeron al mínimo y con pagos atrasados.
Incluso fuentes cercanas a Juan Manzur advirtieron que los gobernadores opositores podrían solicitar una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para denunciar el daño que implica el recorte.
Fuente: ANSL