Natalia Caballero
Un litigio que aún no llega a Tribunales pero podría hacerlo en las próximas semanas confronta a los dueños de las tierras donde están asentados algunos de los principales emprendimientos mineros sanjuaninos y las empresas que los exploran. Los dueños del Campo Cortez Monrtoy (CCM) de Calingasta reclaman un cobro a muchas de las principales empresas que debido a las concesiones obtenidas exploran hace años: la australiana Fortescue y la sanjuanina Argentina Minera SA. En el reclamo aparecen Los Azules y Pachón, con exploraciones en la misma propiedad.
Si no prosperan las distintas instancias de conciliación se llevará a cabo el litigio. Por el momento, desde el sector público se intenta llegar a un acuerdo en los montos de las deudas que se fueron acumulando, según publicó Tiempo de San Juan. Según reclaman los propietarios, las compañías concesionarias no pagaron los cánones de servidumbre y daños a los dueños de la superficie como establece la ley.
Hasta ahora, la situación se encuentra en un momento de tensión debido a que las instancias de conciliación obligatoria que fueron convocadas por Minería no llegaron a buen puerto. Esto trajo aparejado un fuerte cruce de acusaciones por presuntas irregularidades en los trámites de concesiones y también en la de ventas de esos activos a empresas extranjeras. Además, hubo cartas de intimación.
Desde hace meses que viene el reclamo, pero tras caerse las audiencias de conciliación hubo cartas notariales a Australia notificando lo que serían irregularidades, con fuertes acusaciones de por medio. El ex rugbier Agustín Pichot es el country manager de Fortescue, mientras que la empresa sanjuanina es propiedad del geólogo Ricardo Martínez y Patricio Jones.
Según notificó el abogado de la propiedad Armando Guevara, CCM le reclama a ambas empresas haber suscripto un acuerde entre sí donde se “negociaron concesiones mineras caducas, irregulares y perimidas y sin haber pagado las servidumbres de tránsito, ocupación, daños y perjuicios, como se manifiesta en el contrato aludido”.
En el reclamo se sostiene que en el acuerdo apuntado se indica que “todas las servidumbres de tránsito y ocupación, daños y perjuicios de ley se encontraban pagos a los superficiarios, lo cual carece de absoluta veracidad”. Entonces, se obvió el pago a los propietarios sanjuaninos que calculan un monto millonario, por lo que acusan a las empresas de “estafa”.
Es por estos motivos que se realizaron las presentaciones ante el Ministerio de Minería que posteriormente convocó a una audiencia de conciliación. Según Guevara, la apoderada de Fortescue “mostró un total total desinterés tanto por el propio ministerio como hacia la sociedad CCM SA”, publicó Tiempo de San Juan.
El cuestionamiento del abogado señala a Martínez y Jones por vender esas exploraciones a la australiana, indicando que “dichos contratos se habrían celebrado por cifras varias veces millonarias que no tendrían su correlato en el Plan de Inversión presentado por las empresas. Además de percibir como gerentes de exploración cifras de seis dígitos en dólares”.
Para Guevara, Ricardo Martínez “es titular de más de 50 concesiones mineras, cuando el Código de Procedimiento Minero, expresamente prohíbe más de 20 concesiones a nombre del mismo titular”. Por otro lado, la empresa Peregrine Metals, a cargo del emprendimiento Altar, sí concurrió a la audiencia de conciliación y se manejaron varias propuestas para lograr un acuerdo.