Natalia Caballero
Las medidas de aislamiento para los viajeros que ingresen al país desde el exterior están pensadas para evitar la transmisión comunitaria de variantes de coronavirus que aún no circulan. Por este motivo, tres integrantes de una familia sanjuanina que llegaron el pasado lunes 9 de agosto a San Juan desde España protagonizaron un cruce con la Justicia por no acatar la normativa de aislamiento de 7 días posterior a cualquier viaje al exterior.
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El apellido de la familia es Palmés y tiene domicilio en calle General Paz al 600, en Capital. Según publicó Tiempo de San Juan, tras llegar de una estadía en Europa se resistieron a aislarse en un hotel durante una semana como lo establece el decreto provincial. Fue por este motivo que Gendarmería tuvo que acudir al domicilio de esta familia para intimarlos ante la falta en la que incurrían, poniendo en peligro a toda la población. Ante la resistencia, se presentó una denuncia penal ante un Juzgado Correccional que ya dispuso su primera medida: se trata de un aislamiento de 15 días de toda la familia en su domicilio, con una supervisión policial tres veces al día.
La jueza Mónica Lucero fue quien adoptó la medida mientras avanza la investigación de fondo para determinar si aplica o no alguna sanción por la violación de la disposición provincial. Además, cabe la posibilidad de que Migraciones presente una denuncia en los juzgados federales por posible violación del decreto nacional que también dispone esa medida de aislamiento obligatorio.
La familia regresó de España e ingresó a la provincia por Mendoza, según consta en la denuncia. Lo dispuesto en estos casos es que se los escolte hasta el hotel elegido por el pasajero, que debe ser notificado vía mail o por mensaje. Pero, el grupo familiar no lo hizo y fue directamente hasta su domicilio. Pocas horas después, se le notificó vía telefónica que estaba incurriendo en la violación de una disposición de Salud Pública Nacional y Provincial. Ante la continuidad de la resistencia, se apeló a la presencia de Gendarmería en el domicilio, en donde se notificó a la familia de la falta.
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La familia firmó la notificación en disconformidad y hasta presentaron un certificado de un psiquiatra que indicaba que a causa del estrés causado en el aeropuerto internacional, no estaban en condiciones de cumplir aislamiento en un hotel. La prescripción médica fue denegada vía mail por la autoridad local, que por el rechazo al aislamiento tuvieron que presentar una denuncia penal.