Avanza la causa que investiga la instalación de un improvisado cementerio para enterrar a víctimas del COVID-19 en la localidad salteña de Cerrillos. La jueza Victoria Mossman dispuso dar trámite como amparo ambiental colectivo preventivo, a la acción promovida por vecinos en contra de la Municipalidad para frenar la ampliación de la necropolis.
La causa está caratulada como “Ustarez, Justino y otros vs. Municipalidad de San José de Cerrillos”. Lleva el nombre de los vecinos que denunciaron a la intendente Yolanda Vega por instalar un precario cementerio al lado de viviendas y sin haber realizado estudios de impacto ambiental, ni tampoco haber tomado medidas sanitarias que garanticen el resguardo de la gente que vive en la zona. Está cercado por lonas y es a cielo abierto.
El amparo apunta a que la comuna se abstenga “de continuar con la instalación y/u obraje del cementerio en cuestión en el más breve plazo, como clara solución efectiva a la problemática planteada en fiel cumplimiento de las mandas constitucionales ambientales y en su mérito se mejoren las condiciones materiales de salud y habitabilidad del lugar, disponiéndose todas las medidas preventivas a tal efecto”, señalaron fuentes judiciales. En el caso tomó intervención el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo.