A la suspensión de Patricia Argañaraz como secretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP) se suma un nuevo apartamiento. Ahora, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), gremio nacional del que depende ADP, la separó de su cargo como prosecretaria de Acción Social del sindicato.
La medida se tomó a casi cinco meses de la primera denuncia que radicó Raúl Argañaraz, hermano de la sindicalista. El hombre, quien también formó parte de la administración de la ADP, la denunció penalmente por un desfalco de 100 millones de pesos, que se habría dado en los últimos tres años. Además, la acusó por movimientos fraudulentos con el fideicomiso Virgen de Urkupiña, creado para construir viviendas para docentes.
Cuando estalló el escándalo, el gremio nacional llamó a una reunión a la comisión directiva de la ADP para que rindiera cuentas de lo acontecido. Ahora la suspensión es por tiempo indeterminado y hasta que la Junta de CTERA se pronuncie finalmente.