Es de público conocimiento que el Ingreso Familiar de Emergencia está destinado a las personas más afectadas por las circunstancias de la pandemia que azota el mundo, y es una obligación moral que solicitarlo sea por un estado económico que no contempla otra salida.
Además, estaban exentos de poder solicitarlo todos los funcionarios que están a disposición del pueblo, y que de por sí, cobran sueldos dignos y tienen todos los beneficios de trabajar en el ámbito público.
No obstante, hace varias semanas que explotó el escándalo en la provincia de Salta por la cantidad de figuras políticas que solicitaron o cobraron el IFE, la mayoría concejales de los distintos municipios salteños.
En el municipio de San Lorenzo, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Salta, esta mañana fueron expulsados dos ediles en el marco del escándalo.
Se trata de Melisa Gonzáles y José Reynaga, quienes tuvieron derecho a defender sus acciones y aseguraron irían hasta las últimas consecuencias ante la Justicia.
Según informó El Tribuno, el concejal Juan Pablo Dávalos dijo que la figura que se utilizó para realizar la destitución fue la de “inhabilidad moral”, y que todos los votantes lo hicieron en favor de la destitución.
El mismo medio recalcó que la concejal Gonzáles quedó peor parada, puesto que además de cobrar el IFE, cobró también la Asignación Universal por Hijo, mientras que Reynaga solo realizó la solicitud para cobrar el ingreso.