Tres fiscales federales ampliaron las imputaciones a diez acusados por el robo de caños de Gasoducto NEA, entre ellos se encuentra el intendente del municipio salteño de Aguaray, Jorge Enrique Prado. Todos enfrentan cargos por fraude al Estado Nacional.
El fiscal general Eduardo Villalba imputó al titular de la empresa CoMarfil, Matías Rossi, por los delitos de robo agravado y fraude a la administración pública por su participación en el robo de 52 caños del Gasoducto NEA. También amplió los cargos por fraude a la administración pública en contra del intendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, y el secretario de Hacienda de ese municipio, Fredy Marcelo Céspedes.
Durante la audiencia de imputación ante el juez federal de Garantías, Gustavo Montoya, el fiscal se refirió a las pruebas que complican al jefe comunal de Aguaray, quien habría propiciado la extracción ilegal realizada por la empresa mendocina OSYP SA, con la excusa de que causaban un grave daño al ambiente.
Por otro lado, el fiscal José Luis Bruno, de la sede descentralizada de Orán, imputó por robo calificado a Cristhian Marcelo Buczeck, encargado de la empresa Vera SA; Andrés Ayala, gerente de la firma Peterser SRL; Milton René Saavedra y Bruno Raúl Degoy, ambos socios de la empresa MyP. Según Bruno, los acusados participaron el pasado 14 de abril del secuestro de 170 caños que habían sido extraídos en el paraje El Desemboque.
Luego el fiscal Marcos Romero, de la sede descentralizada de Tartagal, imputó Miguel Ángel Cuéllar y Oscar Dante Rodríguez. El 12 de noviembre de 2019 descubrió a Cuellar transportando 14 caños en un colectivo adaptado para carga, quien en su defensa dijo que trabajaba para Rodríguez.
Tras la ampliación de los cargos por el robo de los caños del Gasoducto NEA, los acusados, con excepción de Céspedes, negaron su participación en los hechos.