Gonzalo Juncosa
A fines de enero el secretario de Participación Ciudadana, Adrián Zigarán, se cruzó en la ruta 34, a la altura de San Pedro de Jujuy, con un camión que trasladaba caños de 24 pulgadas cubiertos de tierra colorada. A las pocas semanas el episodio se repitió, y Zigarán, conocedor del norte, sospechó que este traslado de caños no era una situación típica.
Según consigna El Tribuno, Zigarán manifestó que, "Cuando me crucé con el segundo camión, y como me considero un conocedor del norte -durante la gestión Urtubey le tocó la difícil tarea de negociar con los grupos piqueteros que asuelan todo el departamento San Martín- le tomé fotos y al llegar a la ciudad de Salta lo puse en conocimiento de la situación al ministro de Seguridad de la provincia Juan Manuel Pulleiro". Luego el secretario se comunicó con Raúl Vertúa, el dueño de la empresa a la que se le había adjudicado la construcción del gasoducto del NEA, una obra considerada clave para el norte.
Si bien la obra se encuentra paralizada y la empresa Vertúa envuelta en algunas polémicas, los caños son propiedad del Estado Nacional, por lo que el empresario realizó la denuncia ante la justicia federal, y ahora la investigación esta conducida por el fiscal José Luis Bruno.
Una vez iniciada la investigación, salieron a la luz algunos hechos insólitos, o al menos difíciles de entender. Y es que se conoció una resolución firmada por el intendente de la localidad de Aguaray, Enrique Prado, el intendente más joven de la provincia, afiliado al Frente de Todos, en la que autorizaba a la empresa mendocina OSYP S.A. el desarme del gasoducto y el traslado de los caños.
La resolución establece: "Otorgar a la empresa OSYP S.A. representada por el señor Diego Andrés Alos, la desafectación del material resultante del Municipio de Aguaray, Autorícese el desarme y traslado y remediación ambiental para la recuperación del remanente del terreno contaminado".
En resumen, el fiscal federal José Luis Bruno investiga el robo de unos 35 kilómetros de caños del gasoducto que dejó a medio construir la empresa Vertúa y que corresponde a la cabecera norte del GNEA, el tan promocionado Gasoducto del NEA. El daño patrimonial a las arcas nacionales supera los 3 millones y medio de dólares, unos 300 millones de pesos argentinos.