El fiscal de Impugnación, Rodolfo Villalba Ovejero, interpuso un recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad y gravedad institucional, en contra de la resolución de la Sala IV del Tribunal de Impugnación, que había declarado procedente la prescripción de la acción penal interpuesta por la defensa del sacerdote José Carlos Aguilera.
En consecuencia con la prescripción, el juez había dictado el sobreseimiento de Aguilera en la causa por abuso sexual que pesaba en su contra.
Es así que el fiscal Ovejero interpuso el recurso y pidió que se eleve ante la Corte de Justicia de Salta. Así mismo solicitó que se revoque la decisión y se ordene la inmediata detención del imputado José Carlos Aguilera.
El recurso de inconstitucionalidad por arbitrariedad y gravedad institucional señala que "se impulsa la impugnación…en el entendimiento que al imprimirse el pronunciamiento de referencia incurrió la Alzada en un grave error de orden legal, que lo torna arbitrario y atentatorio contra elementales postulados de nuestro Estado de derecho".
El Fiscal también hizo notar que "la resolución cuestionada sólo puede ser examinada por la Corte de Justicia local, en el especial contexto del recurso de inconstitucionalidad" y que en el caso en particular, concurren falencias o errores notorios y manifiestos que viabilizan dar trámite al recurso, porque la controvertida resolución "emerge huérfana de fundamentos suficientes para sustentarla, desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad del juez que la suscribe", es decir, el magistrado Adolfo Figueroa.