Redacción Vía Rosario
Seis directivos de la empresa Aguas Santafesinas fueron citados a declarar el próximo 12 de junio en Tribunales Federales de Rosario por presunta infracción a la ley de Residuos Peligrosos. Será en el marco de una acusación que pesa sobre la empresa por el volcado de millones de litros de efluentes cloacales “crudos” al río Paraná, es decir, sin tratamiento de ningún tipo.
La imputación surge de una causa iniciada por la ONG Cuenca Rio Paraná, que hace varios años denunció niveles elevados de sustancias infeccionas contaminantes en el curso del Paraná, corroborados con peritajes ordenados por el fiscal Claudio Kishimoto en suelo, agua y sedimentos de un sector de la zona sur de Rosario. En el informe, la conclusión fue que el sector se encontraba “contaminado con un claro escenario de riesgo ambiental”.
¿QUé consignaron las pericias?
En el análisis de laboratorio realizado en el marco de esas pericias se establecieron “niveles alarmantes” de la bacteria escherichia coli y la presencia de metales pesados como níquel, que podrían evidenciar el volcado de efluentes industriales, además de los cloacales.
La gravedad del asunto hizo que la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Nación (Ufima), a cargo de Ramiro González decidiera ampliar la denuncia, para que se investiguen desagües cloacales de la firma en Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo.
En el pedido, el fiscal alegó que las localidades no poseen plantas depuradoras y, por lo tanto, se encuentran volcando desechos cloacales crudos al Paraná desde, al menos, marzo del 2022, en infracción a la ley 24.051.
“Además del posible riesgo para la salud asociado con la presencia de niveles elevados de bacterias fecales, también pueden causar agua turbia, olores desagradables y una mayor demanda de oxígeno que afecta no sólo a los humanos sino a todos los seres vivos del lugar”, sostuvo González y advirtió: “Cualquier tipo de contacto que se tenga, ya sea por beber, bañarse o alimentarse con aguas de un curso contaminado puede generar un riesgo muy grave para la salud”.
¿De dónde surge la denuncia?
La cuestión se hizo pública por medio de un informe realizado por el instituto Soberanía, en el que se consignaba que, tras la bajante del río por la sequía, se asomaron en las barrancas caños que vierten millones de litros diarios de desperdicios. Los relevamientos aéreos y marítimos realizados para el informe fueron cruciales para que el fiscal ordenara que una licenciada en Química hiciera peritajes en esas zonas.
Cabe destacar que la investigación venía de antes y que fue la ONG Cuenca Rio Paraná la que llevó una denuncia a la Justicia hace años, sorteando la incompetencia autodeclarada del juez federal Carlos Vera Barros. Según el juez, la causa debe ser investigada por fiscales provinciales.
Este mes, la Cámara de Apelaciones ordenó que Vera Barros siga al frente de la causa. Así, el magistrado fijó fecha para indagar a cinco directores y a un gerente de Administración General de Aguas Santafesinas SA, cosa que sucederá el 12 de junio.