Redacción Vía Rosario
El tribunal integrado por los jueces Lisandro Aguirre, Pablo Spekuljak y Sergio Crararo ordenó este miércoles la prisión preventiva de Juan Francisco Trigatti, docente de 49 años condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de cinco alumnas en un jardín de infantes del barrio Yapeyú, en la ciudad de Santa Fe.
La medida cautelar, solicitada por los fiscales Matías Broggi y Jorgelina Moser Ferro, permanecerá vigente hasta que la sentencia —dictada en segunda instancia— adquiera firmeza. “Los magistrados tuvieron en cuenta que los riesgos procesales se incrementaron con el doble conforme de la condena”, explicó la fiscal Moser Ferro.
Qué va a pasar con el docente
Trigatti fue hallado culpable de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en cuatro oportunidades y de abuso sexual simple contra una quinta víctima. Ambos delitos fueron considerados agravados por su rol como educador de menores.
El docente había sido absuelto en un juicio oral y público en 2023, pero la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo a mediados de este año y lo condenó. La defensa presentó un nuevo recurso, y otro tribunal de camaristas ratificó la sentencia en segunda instancia.
Previo a conocerse la orden de detención, familiares, allegados y representantes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) realizaron una marcha en apoyo al maestro, como lo vienen haciendo desde el inicio del proceso judicial, al que califican como “amañado y sin pruebas”.
El secretario general de Sadop en Santa Fe, Pedro Bayúgar, sostuvo que la condena “se enmarca en un clima de época antidocente y antiderechos”.
“Más o menos nos sorprendió la decisión judicial. Se nota un ánimo antidocente, antiderechos. No nos sorprende tanto el fallo, pero sí la liviandad con que se juzga”, expresó.
Bayúgar también cuestionó la falta de detalles en la acusación y las falencias en la investigación.
“No hay ninguna precisión sobre qué día, a qué hora o de qué manera ocurrieron los hechos. Además, no se retiraron a tiempo las cámaras de seguridad de la escuela, una prueba esencial que podría haber demostrado su inocencia”, señaló.
El dirigente gremial advirtió que el caso generó temor e incertidumbre entre los docentes, afectando incluso las prácticas cotidianas en las aulas.
“Hoy los docentes evitan ciertas situaciones por miedo a ser acusados injustamente. Ya no se acercan a los niños como antes, ni siquiera entran a los baños. Nadie defiende al docente: ni la patronal ni la justicia”, planteó.
Por último, Bayúgar consideró que el proceso judicial tuvo múltiples deficiencias y que la condena refleja un contexto “muy complicado” para la docencia.
“No hubo evidencias en los cuerpos de las víctimas ni precisiones en los relatos. Es un caso juzgado con mucha liviandad”, concluyó.