Preocupación total en Rosario: concentra casi el 60% de los casos de amenazas en escuelas
Tras el tiroteo en San Cristóbal, se desató una ola de intimidaciones en establecimientos educativos y ya hay 404 denuncias en la provincia.


La preocupación por la seguridad en las escuelas crece en la provincia de Santa Fe y tiene como principal foco a Rosario. Según datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ya se registraron 404 denuncias por amenazas escolares, en un contexto que se agravó tras el tiroteo ocurrido en San Cristóbal.
El dato más alarmante es la concentración de los casos: 238 denuncias se produjeron en Rosario, lo que representa el 59% del total provincial. El fenómeno también impacta en otras ciudades, como Santa Fe (75 casos), Rafaela (35), Venado Tuerto (33) y Reconquista (23).

Las amenazas se presentan en distintos formatos: mensajes en redes sociales, llamados anónimos, pintadas e incluso carteles intimidatorios dentro o cerca de los establecimientos educativos. En algunos casos, incluyen la exhibición de armas reales o réplicas, lo que incrementa la preocupación.

Ante cada alerta, se activan protocolos de seguridad que implican evacuaciones preventivas, intervención policial y revisión completa de los edificios. Aunque muchas de estas amenazas resultan ser falsas, el procedimiento se cumple de manera estricta.
Este tipo de episodios no solo genera temor en la comunidad educativa, sino que también altera el normal dictado de clases, con suspensiones y reorganización de actividades.

Frente al aumento de casos, la respuesta de las autoridades se intensificó. En distintos puntos de la provincia se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, que derivaron en el secuestro de 51 elementos de interés, entre ellos celulares, computadoras, armas de fuego, pistolas de aire comprimido y municiones.
Además, ya hay 73 personas bajo investigación, de las cuales 23 residen en Rosario, lo que refuerza el foco sobre la ciudad.

El fenómeno no es aislado: a nivel nacional también se registra una ola de amenazas en escuelas, muchas de ellas sin sustento real, pero con impacto directo en el funcionamiento del sistema educativo.
En ese contexto, desde el MPA remarcan la importancia de investigar cada denuncia para identificar a los responsables y desalentar este tipo de conductas, que pueden tener consecuencias penales y generan un alto nivel de alarma social.