Belén Musso
La Casa Militar presentó una denuncia penal contra la periodista rosarina Luciana Geuna y su equipo tras un informe con grabaciones internas en la sede de Gobierno. La acusación califica el hecho como un despliegue de actividades ilegales que vulneró la seguridad nacional.
De qué se trata la denuncia penal contra periodistas de TN
La denuncia penal contra periodistas y directivos de Todo Noticias (TN) se dio tras tras la difusión de un informe televisivo con grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada. El organismo interpretó que ese registro implicó una "intromisión ilegítima" y planteó que pudo afectar la seguridad nacional.
Qué dijo el presidente Javier Milei
El presidente Milei, de viaje en Israel cuando se publicó el material, se hizo eco de lo sucedido a través de las redes. “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, escribió en su cuenta de la red social X.
Acusación por vulnerar la seguridad presidencial
El escrito sostiene que los denunciados se ufanaron de haber evadido los controles oficiales. Para la Casa Militar, este acto no fue solo una imprudencia, sino que pudo revelar secretos de Estado sobre la rutina del Presidente y el funcionamiento estratégico del Poder Ejecutivo.
La denuncia se hizo luego de la emisión del programa, en el que se mostraron diferentes áreas de uso común del palacio de gobierno. La presentación recayó por sorteo en el juzgado federal N°4, de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. La denuncia fue hecha por Ibáñez y consta de nueve páginas.
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La presentación la firmó el jefe de la Casa Militar, el general de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, ante la Justicia federal. El escrito apuntó contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, conductores del programa "¿Y mañana qué?", además de productores y autoridades del canal.
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La denuncia invoca artículos del Código Penal que prevén penas de hasta seis años de prisión por obtener secretos de seguridad nacional. La Justicia federal deberá determinar ahora si el uso de cámaras en zonas restringidas constituye un delito bajo estas figuras legales.