Condenaron a sólo tres años de prisión efectiva y seis años de inhabilitación especial al ex jefe policial Martín Javier Rey, acusado de integrar la banda del presunto narcotraficante Esteban Alvarado.
Este miércoles, el juez de Primera Instancia Ismael Manfrin homologó el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa por la cual se declaró a Rey culpable de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y Encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave, y formar parte de una asociación ilícita en concurso real e calidad de autor.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada le atribuyeron a Martín Rey, en su carácter de policía integrante de la PDI división operativa dela URII tomar parte en una asociación o banda de tres o más personas -cuyo jefe es Esteban Alvarado- destinada a cometer ilícitos indeterminados, incumpliendo además los deberes que como funcionario público policial le impone la ley y los reglamentos vigentes.
Así en su carácter de jefe de una de las brigadas operativas, se le atribuyó haber indicado a sus dependientes que el automóvil que tomó parte en el ataque con armas de fuego contra la casa de una empleada del Ministerio Público de Acusación (MPA), tenía un dominio que luego se insertó en el informe de procedimiento, el cual le fuera entregado a la Unidad de Gravedad Institucional el 4 de febrero de 2019.
Ese informe da cuenta del seguimiento con videocámaras de los autos que participaron en el hecho y se indicaba que el vehículo Volkswagen UP en el que se retiran los agresores luego de abandonar la moto era el antes indicado. Todo a sabiendas que ese dato era falso, que el dominio correspondía al vehículo de un hombre contra quien Alvarado pretendía se dirija la investigación criminal por el homicidio de Lucio Maldonado.
Por su parte, Rey indicó a los fiscales a cargo de la investigación que el 22 de diciembre de 2018 a las 21.45, un grupo de personas se encontraba escondido en una casa en la localidad de Pueblo Esther, y que los mismos serían autores de los atentados al Centro de Justicia Penal y los Tribunales Provinciales el 10 de diciembre de ese año. Todo esto a sabiendas que no era verdadero y con la intención de desviar la investigación hacia personas relacionadas con la familia Cantero.
Se le achacó también haber participado del allanamiento llevado a cabo el 29 de abril de 2019 en Rivero al 5200, cuyo objeto era insertar un teléfono que contendría mensajes de texto destinados a ser analizados por los fiscales del MPA. El objetivo era que dirigieran la investigación por el homicidio del prestamista Maldonado, los atentados al Poder Judicial de 2019 y el de la casa de la empleada del MPA hacia dos hombres.
Todo ello lo llevó a cabo cumpliendo con su rol de proveedor de impunidad de la asociación ilícita liderada por Alvarado y a sabiendas que su aporte formaba parte del plan común elaborado por este, cuya finalidad era desviar la investigación por el homicidio de Maldonado e inculpar a estos dos hombres, uno de ellos relacionado con la familia Cantero, como los responsables del mismo.