Redacción Vía Rosario
El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció este miércoles una recompensa de $ 10.000.000 para colaborar con la investigación sobre el video de una “clara amenaza terrorista”. La grabación difundida el último domingo fue un mensaje dirigido a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro.
La Resolución 1295/2024 apunta a conseguir información sobre el origen de la filmación de un grupo de hombres armados. El Gobierno planteó que es “necesario y urgente identificar a los autores” porque son los protagonistas de un “caso de gravedad institucional con trascendencia a nivel nacional e internacional”.
Bullrich fue criticada en el video por el manejo de las cárceles. Lo mismo ocurrió con Pullaro, definido como un “gobernador mafioso”. Además prometieron “dejar muertos por toda la capital”.
¿Cómo se cobra la recompensa por datos sobre amenazas a Maximiliano Pullaro y Patricia Bullrich?
El primer paso para acceder a la recompensa anunciada este miércoles es hacer una denuncia anónima sobre el video difundido el último fin de semana. El contacto puede hacerse a través de la línea telefónica gratuita 134 o un e-mail enviado a [email protected].
El Gobierno ofrece 10 millones de pesos por “datos útiles, precisos y contundentes” para identificar a quienes enviaron el mensaje mafioso. Quedan excluidas de este pago aquellas personas que hayan participado en los delitos mencionados.
El Poder Ejecutivo nacional confirmó que la recompensa es válida a cambio de información sobre los “lugares de operación” y detalles sobre otras actividades de los autores de la grabación. Las autoridades están convencidas de que las amenazas provienen de una “organización criminal”, pero ya no aparecen menciones sobre narcotráfico dentro de este perfil.
La resolución publicada en el Boletín Oficial lleva la firma de Bullrich y determinada la entrada en vigencia inmediata de la medida. Hasta el momento no trascendieron indicios sobre el origen del video ni la identidad de las personas que actuaron con su cara tapada.
La causa penal sobre la grabación está en manos de María Servini de Cubría, encargada actual del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1. Si bien el Ministerio Público Fiscal (MPF) es el principal organismo investigador, el Gobierno de Santa Fe confirmó su colaboración en la pesquisa para hallar con los delincuentes.