La Fiscalía Regional de Rosario pidió este lunes en los Tribunales provinciales que se eleve a juicio oral la causa por la megaestafa inmobiliaria revelada el año pasado tras una veintena de allanamientos en la que detuvieron a importantes empresarios y escribanos de la ciudad.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que los pedidos de pena para los imputados contemplan condenas de entre 3 y 14 años de prisión por los delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita, entre otros hechos por los cuales acusaron a 11 personas en octubre de 2016.
Entre las sanciones previstas por la parte acusatoria también se incluyen multas de más de 70 millones de pesos para algunos de los implicados.
La sanción más dura entre las propuestas por la Fiscalía corresponde al escribano Eduardo Martín Torres, para quien requirieron además una multa de 54.777.000 pesos, correspondiente al triple del valor real de la operación en la que intervino para lavar el capital obtenido. Su presunto cómplice, el vendedor de autos Juan Roberto Aymo, recibiría la misma condena.
Idéntico monto de dinero fue solicitado en el caso de los notarios Juan Bautista Aliau y Luis María Kurtzemann y el financista Jorge Oneto. Todos ellos estuvieron implicados en la compraventa fraudulenta de un campo en Villa Amelia. Para los dos primeros, las penas en expectativa son de 5 años y medio, mientras que el corredor de bolsa recibiría un año menos en su condena.
Las sanciones monetarias más altas corresponden al sindicalista Maximiliano González De Gaetano y los empresarios Marcelo Basilio Jaef y Leandro "Lelo" Pérez, con una multa de $73.036.000. En este caso se trata del cuádruple del monto calculado por los investigadores y para los tres pidieron una condena de 7 años de cárcel.
En cuanto al gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, la Fiscalía solicitó una pena de 4 años y medio y el pago de 36.518.000 pesos.
Respecto de la esposa de Aymo, Gloria Rodríguez, y su ex chofer, Jonatan Zárate, los investigadores propusieron una condena de 3 años y seis meses de prisión junto a una multa de 100 mil pesos.
Los fiscales plantearon además la inhabilitación especial por 10 años para los tres escribanos involucrados en la megaestafa.
A partir de esta presentación por parte de la Unidad de Delitos Económicos, la Justicia convocará a una audiencia preliminar junto al resto de las partes en la que se analizará la posibilidad de abrir el juicio oral. Cabe recordar que en diciembre el Gobierno de Santa Fe se constituyó como querellante para aportar pruebas a la investigación a cargo del doctor Sebastián Narvaja.