Noel Nardone
Los administradores de consorcios están en la mira de los rosarinos, ya que en lo que va del año la Oficina de Defensa al Consumidor recepcionó 421 casos de reclamos y consultas. La cifra supera ampliamente los registros de 2017, cuando se habían formulado 322 presentaciones.
El informe fue presentado por la titular de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, María Julia Bonifacio, y el coordinador del consejo asesor de Vivienda, Ariel D'Orazio. El mismo detalla que de todas las denuncias realizadas, el 67% obtuvieron resolución favorable.
Por otro lado, el 11% obtuvo una resolución desfavorable y el 22% aún se encuentran en trámite. A éstos datos se suman 179 que sólo buscaban asesoramiento.
“Cabe destacar que la totalidad de los expedientes que tuvieron resolución negativa fueron formulados contra administraciones que no se encuentran inscriptas en el Registro de Administradores de Consorcio”, precisó D’Orazio.
En la actualidad, los problemas registrados refieren a consultas sobre inscripción en el Registro de Administradores de Consorcios, quejas de gestión y mal trato por parte de administradores, dudas sobre conceptos en liquidación de gastos centrales y reclamos por falta de rendición de cuentas.
Dentro de las consultas también se recibieron pedidos de implementación de la ordenanza municipal 9.679 "Expensas Claras" de autoría de Norma López.
En el mismo sentido aseguró que la ordenanza aprobada en 2016, "es una herramienta de transparencia que regula lo que significan las relaciones entre administradores y consorcistas, teniendo en cuenta que actualmente inquilinos y consorcistas no pueden acceder al detalle de lo que pagan en cuanto a contrataciones, arreglos, expensas ordinarias y extraordinarias". Y consideró que "es necesario avanzar en esta profundización".
Desde la oficina recordaron que a los reclamos mencionados se suman las denuncias de inquilinos por el cobro de expensas extraordinarias que deben ser afrontadas por los dueños de los inmuebles, pero que en muchas ocasiones son trasladadas de manera arbitraria a los locatarios.