Lucas Aranda
Tal como había anticipado la Corte Suprema de Santa Fe, el juicio oral y público por la explosión de Salta 2141 comenzará dentro de un mes y medio con el objetivo de resolver la situación de más de una decena de personas acusadas por el derrumbe que provocó 22 muertes en 2013.
A pocas semanas de la reunión que mantuvo el procurador general Jorge Baraguirre con familiares de las víctimas, se confirmó que las audiencias empezarán el 12 de noviembre y la imputación estará a cargo de la fiscal Graciela Argüelles, quien estuvo al frente de la investigación a lo largo de estos cinco años.
Además, se determinó que los tres jueces penales del Sistema Conclusional de Causas sean los integrantes del tribunal, aunque podría estar sujeto a apelación.
La Fiscalía y una de las querellas solicitaron a través de un escrito que los magistrados sean sorteados entre todos los miembros del Colegio de Jueces de primera instancia de Rosario.
Entre los imputados se encuentra el gasista Carlos García y su ayudante Pablo Miño, quienes fueron a cambiar el regulador del edificio la mañana de la explosión. También deberá defenderse José Luis Allala, otro técnico que revisó las instalaciones semanas antes, y los administradores del consorcio: Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli.
En cuanto a la responsabilidad penal de Litoral Gas, uno de los puntos centrales que aún consideran no resuelto los familiares, la máxima figura sentada en el banquillo será la gerente técnica Viviana Leegstra. Junto a ella estarán el jefe de inspectores Claudio Tonucci y sus subalternos Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba.