La edil Celeste Lepratti propuso un proyecto para crear un observatorio municipal de violencia estatal. Será presentada este martes, desde las 10.30, en el Concejo Municipal.
La iniciativa surge "ante los numerosos casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos, producto del ejercicio de prácticas de violencia estatal recibidos por la Comisión de Derechos Humanos, y la necesidad de contar con herramientas institucionales que brinden respuestas a los mismos", dijo Lepratti.
Según la concejal, mediante este observatorio, se podría "hacer un seguimiento y acompañamiento de los casos, elaborar un registro a los efectos de contar con datos fidedignos que permitan mensurar la gravedad de los hechos, la frecuencia con la que se producen, las regularidades en cuanto a las prácticas violatorias de los derechos humanos y las respuestas estatales ante las mismas, así como también producir recomendaciones para la elaboración de políticas públicas en la materia".
"Los abusos policiales, materializados en estrategias y acciones de persecución sobre sectores estigmatizados de la población -en particular, sobre los jóvenes de barrios populares-, las detenciones policiales sin motivos y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes para su utilización en la comisión de delitos; así como la práctica de la tortura para castigar o disciplinar a personas privadas de libertad, o como modo de obtener información, constituyen prácticas habituales de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe, culminando en ocasiones con la desaparición y muerte de las víctimas de esas intervenciones punitivas", sostuvo la edila.
Por lo antes mencionado, Lepratti remarcó la importancia de "construir respuestas institucionales para contrarrestar estas prácticas contrarias con el Estado democrático de derecho y con la vigencia plena de los derechos humanos".
"En Rosario en 2018 tuvo lugar el cuarto 'desembarco' de fuerzas federales en la ciudad, siendo necesario constituir contrapesos institucionales que tiendan a prevenir, denunciar, registrar y acompañar a las víctimas de prácticas de violencia estatal, en el marco de un notorio incremento de la presencia de las fuerzas represivas del Estado para la intervención en la conflictividad social, evidenciándose su utilización más allá de la problemática del delito común y de garantizar la seguridad ciudadana", culminó la concejal.