Lucas Aranda
Un operativo conjunto entre fuerzas federales y provinciales derivó este martes en nueve allanamientos para avanzar en una causa sobre lavado de activos en Rosario, donde los uniformados secuestraron material de relevancia para la investigación.
Computadoras, celulares y documentación fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia de acuerdo a los datos preliminares que surgieron a primera hora de la mañana. Sin embargo, hasta el momento no se habían registrado detenciones de las personas identificadas en el marco del procedimiento.
Fuentes consultadas por Radio 2 indicaron que uno de los domicilios apuntados se encuentra ubicado sobre Santa Fe al 4300 y varios más corresponden a inmuebles donde funcionan pensiones. El despliegue fue llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) con apoyo de Gendarmería Nacional.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) detallaron que otra de las presuntas maniobras que se llevaban a cabo en estos lugares era el hurto de energía. A estos delitos se agregan los de estafa y amenazas, según trascendió tras las órdenes de allanamiento solicitadas por el fiscal de la unidad de Investigación y Juicio, Gustavo Ponce Asahad.
Cochabamba al 4000. Investigación sobre Pensión Ilegal. Detectan huerto de energía y presunto lavado de activos. Ahora en @Canal5deRosario @RosarioDirecto pic.twitter.com/fDAgCMP1tY
— M. Belén Salvañá (@Belitaonline) May 15, 2018
Fuentes judiciales confirmaron que el resto de las propiedades bajo sospecha se encuentran sobre Zeballos al 3700, Constitución al 1500, Benegas al 7800, Carranza al 3700, Cochabamba al 4000 (dos allanamientos) y pasaje Kay 170. En una de ellas, la policía encontró a dos personas que tenían pedido de captura y fueron detenidas, aunque su arresto no está vinculado a la causa.
El procedimiento simultáneo fue coordinado por el fiscal Matías Edery con el objetivo de profundizar la investigación que comenzó aproximadamente hace un año y recabar documentación. La primera hipótesis que trascendió en el transcurso de la mañana indicaba que los domicilios figuraban a nombre de una off shore uruguaya. Una de las personas al frente de dicha empresa sería familiar de un hombre que ya había sido denunciado en 2013 por administrar pensiones clandestinas.